Luis Provencio, propietario de una finca situada en el Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia), ha sido multado por la Consejería de Agricultura y Agua del Gobierno de Murcia con 3.001 € por dejar, presuntamente, una oveja muerta en el monte, cuando esa misma Consejería ha abandonado en la zona unos 1.000 cadáveres de arruí (Ammotragus lervia). Luis, que tiene una finca integrada en la red de custodia del territorio de ACUDE, denunció el 9 de octubre a tres funcionarios de esa Consejería por matar a tiros en el Parque a su perro “Mamón”, cachorro de unos 6 meses. En su denuncia pidió el cese de los funcionarios y la retirada de la autorización para llevar armas en el espacio protegido. Se da la curiosa coincidencia de que la notificación de la multa es del 28 de octubre, posterior a la fecha en la que él denunció a los tres funcionarios implicados en la muerte de su perro

Luis Provencio, el propietario de una finca en Sierra Espuña que denunció a tres funcionarios, de la Consejería de Agricultura y Agua del Gobierno murciano, por matar a tiros a su perro en ese Parque Regional, ha sido sancionado con 3.001 € por dejar, presuntamente, una oveja muerta en Prado Mayor, paraje del Parque donde posee una finca. Luis Provencio pidió en su denuncia el cese de los funcionarios implicados y que se les retirase la autorización para llevar armas en el interior del Parque. Luis Provencio se encuentra integrado en la red de custodia del territorio de ACUDE.

Paradójicamente, hasta septiembre de este año, se han abatido en el Parque de Sierra Espuña casi un millar de ejemplares de arruís, que han sido abandonados,  tras cortarles la cabeza, en el mismo lugar donde los han matado, habiendo quedado el Parque lleno de cadáveres, suponiendo por ello una auténtica pesadilla pasear este verano por algunas zonas de este espacio natural por el desagradable olor que impregnaba el ambiente.

Por otra parte, la denuncia contra Luis Provencio fue interpuesta en marzo de 2013 por la Veterinaria del Servicio de Caza de la Consejería durante una visita técnica realizada a la finca del denunciado, argumentando que se encontraron restos óseos y un cadáver de oveja medio devorar con un crotal propiedad de Luis Provencio (aunque inexplicablemente no encontraron el “microchip” junto al cadáver, que es casi del tamaño de un teléfono móvil). Esta veterinaria pertenece al mismo Servicio de la Consejería que el Técnico Responsable de Caza denunciado por Luis Provencio por la muerte de su perro Mamón.

La denuncia que le pusieron fue recurrida por Luis, que propuso en sus alegaciones, entre otras cosas, que la Consejería competente creara un  muladar en Sierra Espuña donde depositar los cadáveres de arruí dispersos por la sierra y los de las ganaderías de la zona, lo que beneficiaría a especies como el Águila Real o el Buitre Leonado, alegación que no ha sido tenida en cuenta.

Incluso el Director-Conservador del Parque Regional de Sierra Espuña emitió un informe, con motivo de la denuncia de la veterinaria contra Luis Provencio, en el que exponía que su finca “está sometida a las presiones e interacciones típicas del área donde se encuentra, siendo factible la interacción con animales silvestres propios de la zona tales como arruí, zorros, jabalís, etc., pudiendo esta especies entrar en dicha propiedad en busca de cultivos y ganado del que alimentarse, incluyendo, en su caso, la dispersión de restos vegetales y animales propios de la explotación”. Este informe fue obviado por la veterinaria que interpuso la denuncia contra Luis.

Conviene señalar que Luis Provencio denunció y protestó, en varias ocasiones ante la Consejería y ante algunos de los funcionarios, que los arruís se comían sus sembrados y árboles frutales, hechos constatados por el Jefe de Comarca de los agentes medioambientales de la zona, sin que la Dirección General competente tomara medidas para evitarlo.

La matanza y decapitación de arruís mencionada, y el consiguiente abandono de los cadáveres, parece que la han ejecutado los celadores de caza del Servicio de Caza de la Consejería, y ha estado presuntamente coordinada por el Técnico Responsable de Caza denunciado por el propietario de Mamón, sin que la veterinaria que denunció a Luis Provencio haya tomado medidas contra el abandono de un millar de cadáveres en el Parque. Esta veterinaria podría haber sido recientemente designada para dirigir el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle (CRFS) de la Consejería de Agricultura y Agua. Habrá que estar muy atentos a su gestión en el CRFS.

En ACUDE consideramos beneficioso para el Parque el descaste de esta especie introducida, incluso somos partidarios de su total erradicación de la Región de Murcia, pero aunque el Águila Real y el Buitre Leonado se hayan beneficiado de algunas de estas carroñas, la mayor parte han quedado ocultas en zonas de pinar o matorral, donde no han podido ser aprovechadas por estas especies amenazadas, pero sí por otras oportunistas o generalistas como el jabalí o el zorro, que son las más beneficiadas por esta negativa gestión que han realizado funcionarios de la Dirección General de Medio Ambiente.

Igualmente, esta organización considera que no se puede tratar a una especie introducida, y mantenida por intereses meramente cinegéticos, como si fuese una especie protegida o amenazada, gestionándola en perjuicio de los propietarios y otros usuarios del territorio que han mantenido usos tradicionales como el pastoreo, más cuando el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque plantea garantizar “en cualquier caso la compatibilidad de la conservación con otros usos tradicionales extensivos, en especial el pastoreo”, lo que contradice la política llevada a cabo hasta la fecha por los responsables de la Reserva de Caza de Sierra Espuña, ya que el Parque está prácticamente en su totalidad incluido en la mencionada Reserva de Caza.

Por ello, esta organización considera imprescindible que el Director-Conservador del Parque Regional asuma todas las competencias sobre la Reserva Nacional de Caza, lo que supondrá un gran avance en la conservación del territorio y de la Biodiversidad, y en el respeto a los usos tradicionales del Parque y su entorno.

A algunos funcionarios habría que recordarles que los tiempos del ICONA ya pasaron (afortunadamente), y que ellos no son los dueños del territorio, ni siquiera de los terrenos públicos, ya que  pertenecen a todos los ciudadanos, y que a ellos se les paga para que realicen una gestión adecuada a las necesidades del territorio, a su Biodiversidad y respetando los derechos de los propietarios y otros usuarios del medio.

En cualquier caso, no deja de ser una curiosa y desagradable coincidencia que la Notificación de sanción (fechada el 28 de octubre) de 3.001 € le haya llegado a Luis Provencio tras denunciar  (el 9 de octubre) a los tres funcionarios, de la Consejería de Agricultura y Agua murciana, ante la Guardia Civil y la Dirección General de Medio Ambiente, por matar a tiros a su cachorro Mamón en el interior del Parque Regional de Sierra Espuña.