El SEPRONA ha descubierto un enorme almacenamiento clandestino de residuos peligrosos, además de un gran agujero en el terreno en el que eran eliminados por filtración

El nivel de metales pesados de varias depuradoras había experimentado un importante incremento debido a que parte de los residuos eran vertidos al alcantarillado municipal

En la investigaciones ha sido fundamental la colaboración ciudadana y el apoyo de varios organismos públicos

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura Murcia (CHS) y de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (ESAMUR), ha desarrollado la operación 'METÁLICA', dirigida al esclarecimiento del supuesto vertido de residuos peligrosos en las proximidades de una empresa de venta productos químicos y gestora de residuos tóxicos y peligrosos ubicada en el término municipal de Molina de Segura (Murcia), que se ha saldado con la detención de seis personas relacionadas con delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y delitos de daños.

La investigación se inició a finales del pasado mes de julio, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, gracias a la colaboración ciudadana, fue alertado de la existencia de olores y sustancias anómalas en las proximidades de una empresa de venta de productos químicos ubicada en la localidad de Molina de Segura (Murcia).

Ante las sospechas de que se estuviera cometiendo un ilícito medioambiental, especialistas del SEPRONA inspeccionaron las instalaciones objeto de la comunicación, donde fueron hallados numerosos almacenamientos clandestinos de residuos peligrosos, en una cantidad aproximada de 2800 m3. Además se localizó, en un recinto vallado colindante, un agujero de grandes dimensiones practicado sobre el terreno, sin impermeabilizar y repleto de residuos peligrosos en estado fangoso, cuyo contenido se estaba filtrando al subsuelo.

De las sustancias se recogieron muestras para su posterior análisis, tras lo cual los residuos fueron extraídos para evitar que continuaran filtrándose en el terreno con el consiguiente riesgo de contaminación de los acuíferos de la zona.

La investigación continuó cuando a través de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (ESAMUR), se conoció el importante incremento de metales pesados en varias depuradoras de la Región, motivado, presuntamente, por el vertido indiscriminado de residuos peligrosos a la red de alcantarillado municipal.

Naves que ocultaban sustancias nocivas y peligrosas

Abierta una nueva línea de investigación, se localizaron dos naves industriales próximas a las depuradoras de agua perjudicadas que habían sido arrendadas por personas vinculadas a la empresa de venta de productos químicos previamente investigada. Las vigilancias sobre dichas naves llevaron a constatar cómo era habitual la llegada de camiones de transporte de sustancias nocivas o peligrosas, un hecho que contrastaba con la aparente ausencia de actividad industrial en su interior.

Las indagaciones practicadas sobre estos dos inmuebles supusieron la identificación, a través del análisis de las muestras recogidas, de metales pesados en las redes de saneamiento de las propias naves, supuestamente por el vertido ilegal de residuos peligrosos al alcantarillado por parte de los camiones que hasta las mismas llegaban, una circunstancia que habría supuesto a su vez el notable incremento de los niveles de metales pesados en las depuradoras.

Eludían los gastos de un correcto tratamiento de los residuos tóxicos

La investigación ha concluido que se trata de una trama a través de la cual la empresa de gestión de residuos tóxicos y peligrosos investigada, que inicialmente se hallaba autorizada para la gestión de los mismos, obtenía cuantiosos beneficios al eludir los gastos que supone el tratamiento adecuado de estos residuos, que presuntamente almacenaba sin control o vertía de manera indiscriminada, con el consiguiente riesgo tanto para la salud pública como para el medio ambiente.

Los detenidos, con edades comprendidas entre 26 y 74 años, son el gerente de la empresa investigada y principal responsable de los hechos, su hijo también trabajador de la sociedad, el conductor de un camión de transporte de residuos peligrosos, y tres personas más relacionadas con la propiedad y el arrendamiento de las naves en cuyo alcantarillado eran supuestamente realizados los vertidos.

Han sido tramitadas numerosas denuncias por infracciones administrativas a la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura y Agua de la comunidad Autónoma de la Región de Murcia.