La Consejería de Educación, Cultura y Universidades renueva y flexibiliza la normativa que regula las diversas modalidades de formación autónoma de los centros no universitarios con el objetivo de fomentar las iniciativas de aquellos docentes que elaboren proyectos de trabajo para la formación en grupo dentro de los centros educativos. La medida se aprobó con el consenso de todos los sindicatos y agentes sociales presentes en la reunión del Consejo Regional de Formación celebrada esta semana.

Entre otras novedades, se acordó aumentar de dos a tres el número de actividades de formación en las que un docente puede participar a lo largo del curso, eliminar el número de horas mínimas en los proyectos de formación de los centros y el número máximo de profesores que pueden participar en ellos. Además, se incorpora una plataforma de teleformación a la que se subirán los documentos, materiales y recursos informativos y que sustituirá a la documentación en papel.

El director de Planificación Educativa y Recursos Humanos, Enrique Ujaldón, subrayó que el objetivo de esta renovación es avanzar en la calidad de la formación de los docentes para, a su vez, mejorar la calidad de la enseñanza que reciben los escolares.

"La formación constante del profesorado es uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de cara a mejorar la calidad educativa, por lo que este departamento viene ofertando diversas modalidades de formación, tanto individual como colectiva, que son reconocidas, evaluadas y homologadas por el Servicio de Innovación y Formación del Profesorado", destacó Enrique Ujaldón.

Las modalidades de formación autónoma disponibles, que se pueden solicitar hasta el próximo 10 de octubre, se articulan en torno a tres ejes: proyectos de formación en centros, que se refieren a aquellos en los que todo un claustro de profesores desarrolle iniciativas para mejorar la calidad de la educación; seminarios de equipos docentes, cuando un grupo de profesores se fija el objetivo de investigar sobre algún aspecto concreto de la realidad educativa con la finalidad de desarrollar propuestas relacionadas con la metodología; y grupos de trabajo, que hace referencia al caso de que un equipo de profesores se agrupe para analizar, elaborar o experimentar materiales curriculares.

Más accesibilidad para toda la comunidad educativa

La nueva normativa flexibiliza los requisitos de solicitud y de supervisión. En concreto, se aumenta de dos a tres el número de actividades de formación en las que puede participar un docente durante un curso, se elimina el requisito de contar con un número máximo de participantes en los grupos de trabajo, fijado hasta ahora en diez, y se suprime la condición de que los proyectos de formación en los centros tengan un mínimo de 50 horas.

Además, se facilita el acceso y la difusión de estos proyectos educativos mediante la incorporación de las nuevas tecnologías. Mientras que hasta ahora los documentos, materiales y recursos educativos elaborados en estos proyectos se entregaban físicamente al Centro de Formación del Profesorado, a partir de ahora se podrán incorporar a una plataforma de teleformación.

Por otro lado, mientras que, anteriormente, el asesor responsable de una actividad de formación autónoma asistía a la primera y a la última sesión de la misma, además de todas aquellas que fuesen necesarias, ahora es el coordinador responsable de la actividad en el centro quien garantiza su seguimiento, prestando especial atención a la plataforma de teleformación.

La nueva normativa también facilita la exposición de los trabajos de formación, de manera que estos puedan ser conocidos, valorados y aplicados por toda la comunidad educativa. Así, los docentes que intervengan en estos proyectos cederán, de forma no exclusiva y a título gratuito, los derechos de reproducción y distribución de los materiales y recursos didácticos que hayan surgido como resultado de su trabajo de innovación. La posible publicación de estos recursos educativos se hará bajo una licencia abierta, para su distribución sin ánimo de lucro entre el profesorado y los centros educativos de la Región para que puedan beneficiarse todos los miembros de la comunidad educativa.