Los trabajadores de la limpieza del centro comercial Atalayas de Murcia han convocado una huelga indefinida que dará comienzo el próximo 4 de septiembre para exigir que se dé marcha atrás a la reducción de horario y de salario que sufren desde hace meses y que se rectifique "el continuo hostigamiento" al que se ven sometidos por parte del jefe de servicios generales en la gran superficie.
Limpiar cristales al sol en pleno verano, trabajar en espacios sin luz, seguirles a través de las cámaras de seguridad y negar un walkie a las empleadas que acondicionan el aparcamiento exterior en turno de noche, algo que siempre se había hecho como medida de precaución en esa zona, son solo algunas de las medidas a las que, como represalia, según el sindicado ATL, están siendo sometidos los empleados por negarse a firmar una baja laboral voluntaria que consideraban fraudulenta.
Todo comenzó cuando en mayo el centro comercial, a través de su jefe de servicios generales, pidió a los empleados de limpieza que firmaran una petición de baja voluntaria en Geslim de Levante, la empresa de mantenimiento en la que algunos trabajan desde hacía más de una década, con el fin de volver a contratarlos a través de Jera Avanza, empresa que se iba a hacer cargo en un principio de esta plantilla y que está especializada en la contratación de personas con discapacidad.
Jera Avanza prometía "un coste más bajo y competitivo" que otras debido a las subvenciones de la administración, pero los contratados, cinco de ellos discapacitados, a pesar de la presión que se ejerció sobre ellos, se negaron a firmar el documento que les ofrecieron por considerar que participarían en un fraude y que, además, perderían la antigüedad laboral acumulada.
Los empleados explican que al no aceptar la baja temporal empezó contra ellos una campaña de "represalia, vejaciones y hostigamiento" por parte del jefe de servicios, hasta el punto de que al realizarse la subrogación de los servicios de limpieza, no con Jera Avanza como se pretendía en un principio sino con Servicios Auxiliares de Mantenimiento (SAMSA), este procura que en el pliego de condiciones se reduzca la jornada laboral y el salario de todos los trabajadores. La razón sería el haber visto frustrados sus deseos de adquirir una bonificación de la Administración por la discapacidad reconocida a cinco de los ocho trabajadores. "Ahora vais a saber lo que es sufrir", llegaría a afirmar, según fuentes del sindicato ATL.
Lejos de lo que dicta la ley, en la subrogación no se respetaron las condiciones contractuales previas, de modo que quedaron reducidas las jornadas laborales entre tres y ocho horas, dependiendo del empleado, así como el salario que, en la mayoría de los casos quedó rebajado hasta la mitad. Además, los horarios de la plantilla fueron modificados para perjudicarles, "dificultando la conciliación de su vida laboral y familiar en unos casos".
En este sentido, la trabajadora J. H. G. afirma que su horario siempre fue de mañana y que ahora ha de presentarse por la tarde, lo que causa que, como madre soltera, no pueda hacerse cargo de su hijo. Esta misma empleada denunció a la policía que, tanto ella como sus compañeros, habían sido grabados por las cámaras de seguridad "con ánimo de emplear posteriormente dichas imágenes fraudulentamente", según consta en la denuncia presentada en comisaría.
Otra de las empleadas, B. D. E., denunció ante los juzgados la disconformidad con una sanción impuesta por petición del jefe de servicios, quien comunicó que había abandonado 40 minutos antes de lo debido su labor. B. D. E garantiza que salió 30 minutos antes porque no utilizó este tiempo para el almuerzo, "tal y como está pactado entre empresa y trabajadores", y que, además, su ausencia no causó "perjuicio de consideración a la empresa".
