Con más de tres años de investigación a la espalda, después de 9 meses de preguntas al Ejecutivo Popular y una moción aprobada para la creación de una Comisión Especial de Investigación que dé luz al caso y depure responsabilidades sobre "una supuesta trama de enajenación irregular de vehículos propiedad municipal", el concejal de Unión Progreso y Democracia en Los Alcázares, Mario Gómez, ha presentado un informe en forma de moción para que el Ayuntamiento denuncie en el Juzgado de San Javier, previos informes de los servicios jurídicos, Secretaría e Intervención municipal, las irregularidades llevadas a cabo durante los ejercicios comprendidos entre 2009 a 2013 (ambos incluidos), es decir, tanto del mandato anterior gobernado por el Grupo Socialista, como por las actuaciones llevadas a cabo por el actual Gobierno encabezado por Anastasio Bastida (PP).
Como explica el concejal de la formación magenta, "se trata de una situación paradójica", puesto que se ha mantenido en el tiempo con dos gobiernos de distinto color, lo cual le hace sospechar cierta connivencia, "pues no es normal la pasividad con la que están tratando el tema". Además, Mario Gómez ha afirmado que también le hace desconfiar el retraso y la ambigüedad de las respuestas a las preguntas realizadas por su Grupo; la falta de control; la gestión de un Ayuntamiento sin inventario, así como negar la evidencia cuando se le pregunta por el vehículo de la Policía Nacional adquirido y adaptado para la policía local. "Si no tuvieran nada que esconder, habrían denunciado ellos mismos el tema y ya habrían abierto expedientes", ha concluido Gómez.
Igualmente, ha señalado que del Informe presentado en el pasado Pleno se puede extraer que cerca de trescientos vehículos fueron cedidos de forma directa, a distintas empresas, sin licitación o subasta pública en los últimos cinco años, "lo que supondría cerca del millar de vehículos si nos remontamos años atrás, tal y como pensaban hacer en la Comisión de Investigación pendiente de convocar y que se demora en el tiempo de forma injustificada".
De esta forma, el portavoz de UPyD en Los Alcázares ha declarado que "es sospechoso el gran número de vehículos que se han cedido de forma voluntaria al Ayuntamiento en los últimos años", apuntando a un cambio en el modelo de tratamiento con la entrada del nuevo sargento jefe de Servicio, que el propio Ejecutivo se trajo de San Javier. Pero que de igual forma, una vez los vehículos pasan a ser propiedad municipal, "éstos nunca son subastados, sino entregados a una empresa de forma directa y sin que nadie haya autorizado la entrega de dichos vehículos, según respondió el concejal de Hacienda en el pleno de 30 de enero de 2014".
Además, el autor del informe pone de manifiesto las afirmaciones del interventor accidental que "no consta que durante los ejercicios 2011 y 2012, se haya realizado ningún ingreso en la hacienda municipal por la entrega de los vehículos abandonados al desguace". Todas estas circunstancias "han podido suponer un perjuicio a las arcas municipales por haberse tramitado la enajenación de vehículos sin los correspondientes expedientes de enajenación de bienes", con la imprescindible presencia de los principios de publicidad y concurrencia, "dado que nunca puede llevarse a cabo por iniciativa directa de uno o varios funcionarios", suponiendo una extralimitación de facultades claramente anómalas.
Por este motivo, UPyD Los Alcázares, a través de su portavoz Mario Gómez, decidió denunciar el pasado lunes los hechos ante la Corporación Municipal, durante la última sesión de plenos, pidiendo que "se denuncie el tema en los juzgados", así como el esclarecimiento de los hechos, la determinación de su naturaleza presuntamente delictiva, así como la depuración de las responsabilidades que se pudieran derivar".
