El responsable de Economía y Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro, manifestó que el PSOE ha planteado un total de 28 conclusiones y 15 recomendaciones a las deficiencias encontradas por el Tribunal de Cuentas en las cuentas de la CARM de los años 2010 y 2011.

Dichas conclusiones y recomendaciones van en el sentido de evitar que en años sucesivos suceda lo que ha ocurrido anteriormente con la deuda de la Comunidad, con las subvenciones que da la Administración regional, con la contratación y sus procedimientos, con las dilaciones en el pago a proveedores, con los problemas contables de consignación o con la consignación presupuestaria de infraestructuras como la autovía del Noroeste o el aval concedido al aeropuerto de Corvera.

Cuestiones todas ellas, según Navarro, "plagadas de irregularidades, ineficiencias e incluso, en algún caso, podrían incurrir en responsabilidad penal, por lo que no deberían volver a producirse en años sucesivos, ya que son muy graves y rechazadas por el conjunto de la sociedad".

Entre las principales conclusiones, Alfonso Navarro destacó que las cuentas relativas a los años 2010 y 2011 reflejan un claro empeoramiento de la situación financiera de la Comunidad Autónoma, algo que también refleja el propio Tribunal de Cuentas.

Muestran, asimismo, el incumplimiento sistemático de los objetivos de estabilidad presupuestaria en esos dos años. La reducción del gasto de personal que se produjo en ese período de tiempo es achacable a la disminución de las retribuciones de los empleados públicos. Por otro lado, los contratos de asistencia técnica que existieron en esos dos años se hicieron vulnerando la legislación, mientras que las subvenciones realizadas a empresas y entidades carecieron de acreditación de razones de interés público, social, económico o humanitario.

Igualmente, no se rindieron cuentas de 15 consorcios y 3 fundaciones, así como de una serie de entes públicos, mientras que de otros se hizo fuera de plazo.

Navarro agregó que se concedió un aval a la empresa concesionaria del aeropuerto que supuso una alteración de las condiciones del contrato de adjudicación, que no lo preveía en el pliego de condiciones. Sobre la actividad industrial de la planta de la desaladora de Escombreras indicó que "coincidimos con el Tribunal de Cuentas en que se ha infrautilizado".

Con relación a los contratos consideró que las justificaciones de necesidad para el servicio público son excesivamente genéricas, imprecisas y no responden a la normativa, como también apunta el Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, en los contratos negociados por la Administración aparece una reprobación por parte del Tribunal de Cuentas, porque no se establece un método de evaluación, valoración y asignación de las puntuaciones para decidir a quien se adjudica una obra o servicio. Tampoco es conforme con los principios de transparencia y publicidad.

Respecto al abono a la empresa que construyó la autovía del Noroeste sigue apareciendo en los presupuestos consignado como un gasto por transferencia e instituciones sin fines de lucro, "lo que resulta insólito".

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Navarro destacó aspectos como que en la contratación aparezcan especificadas todas las cláusulas en el pliego de condiciones

En relación con "la importante deuda de la CA" ha planteado que sea obligatorio para cualquier organismo o entidad que forme parte de la Administración regional, la solicitud y autorización de cualquier operación de endeudamiento.

En el ámbito de la contratación pide que se exprese y justifique con claridad la necesidad para el servicio público del contrato en cuestión, así como que se eliminen las confusiones habituales y generalizadas entre los criterios de adjudicación y los aspectos para negociar con las empresas.

Sobre las subvenciones, capítulo en el que el TC llega a conclusiones importantes, propone que se limite la utilización del procedimiento de concesión directa de las subvenciones ateniéndose a lo que plantea la Ley. En este sentido, señaló que estas ayudas directas excepcionales no tenían acreditadas plenamente las razones de interés público, social, económico o humanitario que justificaran su tramitación mediante este procedimiento.

Del mismo modo, propone que se estudie y resuelva en profundidad la ineficiencia, duplicidades y los solapamientos que existen en la Administración regional.

Por último, sobre la deuda comercial del sector público regional, Navarro recomendó que se tomen las medidas de control oportunas para reducir el período medio de pago a los proveedores.