Un total de 113 familias en riesgo de exclusión social y/o situación especial de vulnerabilidad de la Región de Murcia han accedido a 132 ayudas destinadas a financiar el pago del alquiler de viviendas, en concepto de arrendamientos, que constituyan el domicilio habitual de ciudadanos con escasos recursos económicos.

Estos son los datos extraídos del balance del convenio firmado a principios de este año entre la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio y Cáritas Diocesana de Cartagena, dotado con 36.000 euros por parte del Gobierno regional y con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.

El objetivo es "paliar las situaciones de necesidad de familias con escasos recursos económicos o en situación de especial vulnerabilidad, facilitando el acceso al alquiler de una vivienda que permita alejarlas de la situación de riesgo de exclusión social", señaló el consejero Manuel Campos.

Campos realizó estas declaraciones tras la reunión de trabajo mantenida hoy con el director de Cáritas Diocesana de Cartagena, José Luis Leante, en la que se valoró la posibilidad de ampliar la dotación presupuestaria destinada a esta finalidad.

El consejero subrayó que el Gobierno regional está "muy sensibilizado" con las necesidades de estas familias, que "contarán con todo el apoyo del Ejecutivo autonómico para superar las dificultades económicas y garantizar la cobertura a las necesidades básicas y sociales".

Ayudas

Las acciones concretas del convenio, gestionadas a través de 35 parroquias de la Diócesis de Cartagena que colaboran con Cáritas, han consistido en un total de 132 ayudas, concedidas por un plazo máximo de 12 meses.

De ellas, 127 ayudas han sido ordinarias, con una cuantía máxima de 250 euros mensuales, y otras 5 de carácter extraordinario, que no podrán superar los 750 euros mensuales y que pretenden responder a la prevención de posibles desahucios de la vivienda por impago del alquiler.

Los requisitos recogidos en el convenio para acceder a estas ayudas consistían en que los ingresos de la unidad familiar y de las personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, no superen el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Si se es familia numerosa, familia monoparental con dos o más hijos a cargo o alguno de los miembros de la unidad familiar tiene declarada una discapacidad superior al 33 por ciento, si se está incurso en situación de dependencia o enfermedad, que incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, son otros de los requisitos tenidos en cuenta a la hora de conceder las ayudas.

Igualmente, se ha prestado especial atención a familias en las que hay víctimas de violencia de género, miembros en situación de desempleo que hayan agotado las prestaciones desempleo, personas procedentes de actuaciones de erradicación del chabolismo y personas extranjeras que se encuentran en situación administrativa irregular.