UPA exige la promulgación de un Decreto de Medidas Extraordinarias que incluya las medidas solicitadas y la implicación presupuestaria de las Administraciones.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (UPA-Murcia) ha solicitado hoy al Consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, la adopción de medidas urgentes, con respaldo presupuestario, para ponerlas a disposición de los agricultores y ganaderos afectados por la severa sequía que afecta a la Cuenca del Segura y que ha ocasionado ya daños irreparables en diversas producciones.
Las producciones de cereal, los pastos y la cosecha y el cultivo del almendro son las producciones en las que la incidencia de la sequía es extrema en muchas zonas de la Región de Murcia, pudiendo verse afectadas además en fechas inminentes el olivar y la viña.
UPA-Murcia ha solicitado al Consejero Cerdá que tome la iniciativa en la definición de las medidas que han de ponerse a disposición de los agricultores y ganaderos.
En opinión de UPA son indispensables y urgentes medidas de ayuda para el arranque y reposición del arbolado, a fin de recuperar la capacidad productiva perdida (que representa el medio de ingresos de los agricultores) y para la compra de alimentación para el ganado ovino y caprino en régimen semiextensivo (indispensable para amortiguar el incremento de costes que supone la ausencia de pastos).
UPA ha solicitado también medidas de carácter fiscal y relativas al coste de la Seguridad Social (rebajas y exenciones), así como otras de carácter administrativo dirigidas a evitar, ante la situación excepcional de sequía, penalizaciones o incluso la pérdida de ayudas del régimen de pagos directos, que en los sectores afectados representan un significativo porcentaje de los ingresos de los agricultores.
En consecuencia, UPA estima que la Consejería de Agricultura y Agua debe asumir los planteamientos realizados por los agricultores y ganaderos y tomar la iniciativa con carácter inmediato para conseguir del Gobierno de la Nación la promulgación de un Decreto que incluya las medidas solicitadas y establezca la implicación presupuestaria de las distintas administraciones.