El PSOE califica de "gran fiasco" la desaladora de Escombreras y decepcionante la comparecencia de Cerdá por su falta de transparencia

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La portavoz socialista exige conocer "el contrato leonino" firmado entre la Comunidad y la empresa por el que se paga el agua más cara cuando aseguraron, igual que con el aeropuerto, que no iba a costar ni un euro a los ciudadanos

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui calificó la comparecencia del consejero, Antonio Cerdá, de decepcionante al no aportar respuestas y por su falta de transparencia.

García Retegui preguntó al consejero por qué no había aportado la documentación requerida por el PSOE, algo que contempla el reglamento de la Cámara. La respuesta de Cerdá se ha limitado a decir que el asunto está en sede judicial. El PSOE no entra en los problemas judiciales, lo que quiere es conocer el contrato de la desaladora de Escombreras, quién lo firmó, en qué fecha y cuáles eran las condiciones, "porque a día de hoy nadie ha visto ese contrato y ese es el origen de las consecuencias que estamos viviendo".

La portavoz socialista indicó que de ese contrato dependen el alcance y las consecuencias que puede tener para todos los ciudadanos de la Región este gran fiasco. "No ha quedado claro por qué el Gobierno regional decidió firmar un contrato leonino con una empresa privada para pagar un agua más cara cuando nos aseguraron, igual que con el aeropuerto, que no iba a costar ni un euro a los ciudadanos. Ahora tenemos un litigio por 600 millones de euros y haya o no acuerdo tenemos unas pérdidas anuales de 11 millones de euros, aunque paguemos todos los atrasos y deudas".

Añadió que el consejero ha reconocido implícitamente durante su comparecencia que se ha mentido a la ciudadanía. "Algo que se demuestra porque afirmaban que el agua desmayá no servía para beber ni para la agricultura y ahora aseguran que el agua de la desaladora de Escombreras vale para la agricultura, para los regadíos y para la industria".

Recordó que la desaladora de Escombreras se hizo al margen del Ministerio, aunque posteriormente tuvo que contar con su permiso para ponerla en marcha. "Ha sido un gran fiasco en todos los aspectos. Mintieron cuando dijeron que había convenios con 26 ayuntamientos y muchos años después solo se suministra a tres municipios agua de esa desaladora; también es un gran fiasco que el consejero y Valcárcel aseguraran que abastecería de agua potable al 65 por ciento de la población de la Región de Murcia y, en el mejor escenario posible, cuando funcione al cien por cien, solo podrá abastecer al 16 por ciento. El Gobierno regional también mintió cuando dijeron que era una desaladora de 21 hectómetros en una primera fase y de 50 hectómetros en la segunda fase".

Otra cuestión que el consejero no ha sabido contestar es por qué no se decidió hacer un contrato o comprar agua a las desaladoras proyectadas en la Región en San Pedro del Pinatar y Valdelentisco, cercanas a los municipios de Cartagena.

Informe del Tribunal de Cuentas

García Retegui aludió al informe del Tribunal de Cuentas que recoge que, haya o no acuerdo, esta planta desaladora aún a pleno rendimiento seguirá sin rendimiento financiero, es decir, que "pagaremos mucho dinero por ella, produzca o no agua, la necesitemos o no, la compremos o no".

Cerdá no ha explicado tampoco lo que dice el Tribunal de Cuentas y la auditorías respecto a facturas irregulares entre una y otra sociedad mercantil. "El consejero ha reconocido que no se cumple la Directiva de Agua, que se sigue subvencionando el agua que vende esta planta y ha asumido el fracaso en las expectativas, con lo que reconoce un fracaso en la gestión".

Para la portavoz socialista resulta muy curioso que Cerdá venga a argumentar en esta cuestión lo mismo que argumenta la sociedad del aeropuerto de Corvera: que han cambiado las cosas y que el escenario presupuestario y financiero no era el mismo que cuando se concibió el proyecto. Los técnicos han reconocido que si al final la empresa reclama los 600 millones y no hay acuerdo es posible que ganen los juicios y haya que pagarles, algo que comprometería seriamente las arcas regionales.

"Desde el PSOE siempre hemos dicho que preferimos un mal acuerdo a un buen pleito, pero es necesario saber qué nos va a costar este capricho. Creemos que hay que exigir responsabilidades políticas y alguien tendrá que dar cuentas con su cargo del fiasco de gestión de una desaladora que nos pondrá en un alto riesgo económico", concluyó.

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