CCOO apuesta por el establecimiento de procedimientos dialogados de resolución de conflictos y rechaza el sistema de "dónde hay patrón ni hablan los marineros".
CCOO ya advirtió que la Ley autonómica de Autoridad Docente podía acabar convirtiéndose en una trampa para el profesorado murciano.
Nuestros temores se confirman cuando conocemos que la Consejería de Educación está preparando una Orden de desarrollo de la Ley en la que establece unos protocolos de actuación para casos de conflictos, agresiones o denuncias (protocolos que sustituirán al vigente, que viene funcionando satisfactoriamente y que fue en su día negociado, consensuado y aprobado por unanimidad en la Mesa Sectorial de Educación) en los que se prefigura un a modo de "cadena de mando" que nos retrotrae a los tiempos de la escuela autoritaria de los años 60 y 70.
Se ve que a la Consejería no le van los tiempos de diálogo y acuerdos, y no solo impone unilateralmente sus puntos de vista sino que lamina y destruye los consensos anteriores que parece le estorban en su deriva autoritaria e impositiva.
El Consejero Sánchez, como el conjunto de la derecha rancia y pre democrática que representa, confunde de nuevo autoridad con autoritarismo y trasforma una norma que al menos en teoría pretendía reforzar el prestigio social de los docentes en un pandemónium de medidas autoritarias en las que el profesorado queda convertido en clase de tropa sobre cuyo criterio e incluso palabra se impone la de la superioridad por el mero hecho del lugar que se ocupa en la estructura jerárquica.
La intención de la Consejería, imitando la lógica de los cuarteles, es que ante cualquier problema que surja en un centro la palabra del alumno se someta a la del docente, la de este a la del director y la de este último a la del inspector. Suponemos, aunque no se dice, que la de éstos a la del cargo político de turno, y la de todos a la del Consejero. ¡Cómo Dios manda!.
Se rompe así el principio de que sabe más aquel que está más cerca del problema y se sustituye por unos "galones", atentando de esta forma contra la profesionalidad de los profesores y, paradójicamente, menoscabando lo que la Ley dice defender que es la autoridad del docente.
El asunto es aún más preocupante si añadimos que desde la aprobación de la de la LOMCE, la Administración educativa se reserva la designación de más de la mitad de los miembros de la comisión que elige al director. En la práctica esto supone una desconexión del director del centro que dirige y su subordinación a los intereses de la Administración, que será la que realmente lo seleccionó y de la que dependerá su redesignación.
Con la combinación de ambas normas, el profesor se encontrará solo ante cualquier problema. La pretendida autoridad que se le da, será realmente una autoridad tutelada por la Administración, y además, desde el propio centro. Nos convierte a los docentes murcianos, pues, en menores de edad en nuestro propio trabajo, y es que podremos decidir siempre que decidamos "lo que convenga".
