Para el coordinador regional de Unión Progreso y Democracia, Rafael Sánchez, "no nos queda duda que ni Valcárcel ni Rajoy tienen la más mínima intención de que la Alta Velocidad llegue a la capital de la Región de manera soterrada", tras la respuesta de la Comisión Europea a la pregunta sobre esta cuestión formulada por el diputado europeo de la formación magenta, Francisco Sosa Wagner
El coordinador regional de Unión Progreso y Democracia, Rafael Sánchez, afirma que "ni el Gobierno de Válcarcel ni el de Mariano Rajoy tienen la más mínima intención de que la Alta Velocidad llegue a la ciudad de Murcia de manera soterrada", tras la respuesta de la Comisión Europea a la pregunta sobre esta cuestión formulada por el diputado europeo de UPyD, Francisco Sosa Wagner.
Para Sánchez, "no nos puede quedar ninguna duda", ya que las palabras del comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, "son claras y contundentes en este sentido", al afirmar que "las autoridades españolas no han solicitado formalmente ninguna cofinanciación para el acceso a la ciudad de Murcia de la mencionada línea de ferrocarril de alta velocidad".
Como señala el coordinador regional, "al mismo tiempo nos recuerdan desde la Comisión Europea" que, según la Directiva 2011/92/UE, más conocida como Directiva sobre la evaluación del impacto ambiental o Directiva EIA, "la entrada a la ciudad de Murcia de manera soterrada tendría que venir precedida del consiguiente estudio de impacto ambiental, algo que ni desde el Gobierno nacional ni el regional se ha previsto hasta este momento".
La pregunta realizada por el diputado europeo de UPyD, Francisco Sosa Wagner, surge después del encuentro mantenido por el europarlamentario con vecinos de la zona y miembros de la Plataforma Pro-Soterramiento en su última visita a Murcia, explica el coordinador regional de la formación magenta.
En concreto, Sosa Wagner planteó en su escrito ante la Comisión Europea qué acciones están previstas para que el Corredor Mediterráneo y las Líneas de Alta Velocidad relacionadas "no generen un problema urbanístico y social, dando así cumplimiento a las políticas de cohesión europeas".
