Los procuradores de la Región de Murcia han reafirmado este miércoles su oposición al anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Durante una concentración en la Ciudad de la Justicia, la última de las que han realizado a lo largo del mes de diciembre, los procuradores han mostrado su voluntad de "no parar" hasta que el Gobierno modifique el texto del anteproyecto, que en la práctica podría suponer la desaparición de la figura del procurador.

"Los procuradores de Murcia no vamos a parar nuestras movilizaciones hasta que el Gobierno modifique el anteproyecto y hasta que toda la ciudadanía sea consciente de que nuestras reivindicaciones no han sido escuchadas", ha explicado este miércoles Antonio de Vicente, procurador y miembro de la Comisión Contra el Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales. En este sentido, ha recordado que la semana pasada se produjo la primera reunión de la comisión creada por el Ministerio de Economía, responsable del anteproyecto, junto con el Consejo General de Procuradores para analizar una posible reforma del texto, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado dos de agosto y se encuentra actualmente en fase de informe. "Todavía no hay nada concreto, pero es un primer paso si tenemos en cuenta que hasta la semana pasada ni siquiera se habían sentado a negociar con nosotros".

Este miércoles, y aprovechando la cercanía de las fiestas navideñas, los procuradores han querido manifestar este rechazo a la Ley de Servicios con una protesta festiva en la que han repartido dulces navideños entre todas las personas que acudían a los juzgados y entre abogados, jueces, fiscales y funcionarios de la Ciudad de la Justicia. "Esta concentración es la última de este año y hemos querido obsequiar con dulces y licores a todas aquellas personas que nos han acompañado en las concentraciones y a quienes nos han mostrado su apoyo", ha subrayado Antonio de Vicente.

Los puntos principales del anteproyecto a los que se oponen los procuradores son la eliminación de la incompatibilidad entre las figuras del abogado y del procurador y la supresión de los aranceles. La primera de estas medidas supondría una mayor dilación en la tramitación de los procedimientos en una administración que en la Región de Murcia acumula ya un retraso medio de 442 días. La segunda de las iniciativas pretende garantizar el ejercicio de la libre competencia, aunque los procuradores advierten de que en la práctica significaría un mayor coste económico para los ciudadanos.

El procurador, considerado en la ley como un agente de la autoridad, es la figura encargada de representar a los ciudadanos ante los juzgados y tribunales. En este sentido, cumple una doble función imprescindible: agilizar el procedimiento judicial y garantizar que este cumple con todas las normas previstas. En Murcia, este colectivo agrupa a casi 400 profesionales, aunque la desaparición de los procuradores podría afectar, contando con los empleados de los Colegios Profesionales y de los despachos, a cerca de 6.000 personas.