Rafael Sánchez espera que la próxima ley de Transparencia Regional vaya al fondo de las cuestiones y no se quede en una mera operación estética, así como lamenta el retroceso que ha experimentado España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2013, presentado recientemente por Transparencia Internacional.
Con motivo del 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, declarado por las Naciones Unidas en el año 2003, Unión Progreso y Democracia (UPyD) de la Región de Murcia manifiesta su preocupación por la situación actual al tiempo e insiste en la necesidad de "actuar con contundencia" contra uno de los grandes males de nuestra democracia.
Para el coordinador regional, Rafael Sánchez, "en nuestro país, y en nuestra Región en concreto, la ciudadanía asiste escandalizada a la irrupción de casos que salpican a los grandes partidos, y que degradan la imagen de lo político, al derivar en una generalización del concepto de "corrupto". La percepción del aumento de la corrupción compromete la credibilidad de nuestro sistema político". Del mismo modo, se ha referido a los recientes informes de Transparencia Internacional en relación al Índice de Percepción de la Transparencia (IPC), para lamentar el retroceso que ha experimentado España y que la sitúan en el puesto n° 30 entre 176 países.
Asimismo, ha mostrado su deseo de que la próxima ley de Transparencia Regional "vaya al fondo de las cuestiones y no se quede en una mera operación estética". Para Sánchez, la transparencia es la herramienta clave para prevenir la corrupción, "por eso la futura ley debe servir para dar información detallada de las actividades de todas aquellas instituciones que reciben fondos públicos, sin excepción, sin poder ampararse en el silencio administrativo, y regulando, además, la actividad de los numerosos grupos de influencia".
Así, ha señalado que "el elemento más preocupante en los casos de corrupción es la percepción de que son inevitables, de que forman parte del sistema". En ese sentido, ha señalado que esa percepción está directamente relacionada con la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante, la expansión de los escándalos a las instituciones clave del Estado, y la sensación de impunidad. "Todo ello explica bien que se ha perdido una década en la lucha contra la corrupción en España. En manos del Ejecutivo está cambiar esta tendencia". Por eso, ha abogado por necesarias reformas institucionales y legales que acaben con esta práctica sistémica.
El coordinador de UPyD cree que España necesita con urgencia una nueva cultura de lo público. "Esto implica reformar las instituciones públicas desde el punto de vista de sus competencias y su organización, y también acometer una verdadera regeneración de la vida pública española". Así considera que es imprescindible mejorar la transparencia en todos los niveles de Gobierno, una mejor aplicación de las leyes de las que ya disponemos, así como acabar con la financiación irregular de los partidos políticos, cuestión que ha calificado como "el pozo negro de la corrupción", ha concluido.
