Subraya que esta norma persigue "clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades, racionalizar la estructura de la Administración local y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso"
El consejero de Presidencia, Manuel Campos, defendió hoy que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es "absolutamente necesaria para garantizar el funcionamiento de la Administración más próxima a los ciudadanos y la prestación de los servicios que éstos demandan".
El titular de la Consejería realizó estas declaraciones durante su intervención en el Senado, donde asistió a la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y en la que se debatió el Informe acerca del contenido autonómico del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Campos aseguró que "el espíritu que anima a esta reforma es, por encima de cualquier otra consideración, la sostenibilidad", un término muy asociado al medio ambiente pero que "se hace preciso aplicar también a los servicios públicos y al diseño y funcionamiento de las administraciones".
"No podemos vivir aferrados a la ilusoria ficción de un entramado administrativo que se sustente en el mero voluntarismo; no podemos garantizar el bienestar si no racionalizamos el funcionamiento y el gasto; no podemos, en definitiva, garantizar unos servicios públicos adecuados y unas administraciones eficientes si no aplicamos, con el rigor que demandan las circunstancias, soluciones y criterios que garanticen su sostenibilidad", remarcó Campos.
En este sentido, destacó que "el Gobierno regional no puede sino aplaudir la iniciativa del Gobierno de España de elaborar una Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración local", y alabó que lo haya hecho "escuchando a los municipios, buscando un acuerdo constructivo con unas administraciones que precisan, con verdadera premura, de una reforma que asegure su viabilidad".
Clarifica las competencias municipales
Para el consejero de Presidencia esta norma persigue "clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras administraciones, racionalizar la estructura organizativa de la Administración local y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso".
Desde el primer borrador que se remitió a las comunidades hasta el texto debatido hoy en el Senado "se han producido modificaciones de cierta relevancia, producto de la voluntad de acuerdo", aseguró Campos, quien añadió que el Proyecto regula las competencias propias y delegadas de los municipios, estableciendo que las entidades locales sólo podrán prestar competencias distintas de éstas cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración.
Asimismo, se encomienda a los municipios competencia para "evaluación e información de situaciones de seguridad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".
En materia educativa, corresponderá a los municipios participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones correspondientes en la obtención de solares para la construcción de nuevos centros docentes, así como la conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios de titularidad local destinados a centros públicos de Educación Infantil, Primaria o Especial.
Por otro lado, esta norma contempla que la creación de nuevos municipios también está sujeta a mayores requisitos que en la legislación actual, exigiéndose que el municipio resultante alcance los 5.000 habitantes y sea financieramente sostenible. Igualmente, se introducen mecanismos para garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso, reforzando el papel de la función interventora en las entidades locales respecto a su función fiscalizadora y de comunicación con carácter anual al Tribunal de Cuentas, y habilitando al Gobierno para establecer normas sobre procedimientos de control.
