El tiempo de resolución de los expedientes ambientales será de 4 meses, y por primera vez se someterá a los proyectos de 'fracking' a una evaluación de impacto ambiental
La diputada nacional del PP por Murcia y portavoz de Cambio Climático en el Congreso, María Ascensión Carreño, ha afirmado hoy que el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental aprobado por el Gobierno central "da un nuevo impulso al desarrollo sostenible y prevé generar 80.000 empleos, lo que supondrá un impacto sobre la actividad económica de unos 1.000 millones de euros".
Carreño ha señalado que la nueva ley, que unifica en un solo cuerpo legal las leyes de evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental, "mejora los procedimientos evaluadores al evitar dilaciones y garantiza la protección medioambiental minimizando los impactos de los planes, programas y proyectos de toda España que pueden afectar al medio ambiente".
Según ha explicado la diputada 'popular', "se van a ajustar los tiempos de tramitación, sobre todo en lo tocante a la evaluación de impacto ambiental ordinaria, cuyo plazo será de 4 meses, cuando actualmente los casi 10.000 expedientes que hay en las distintas administraciones públicas pendientes de evaluación ambiental tienen una tramitación media de 3 o 4 años".
Asimismo, este proyecto de ley establece un modelo básico de evaluación ambiental para lograr la homogeneización de la normativa sobre la materia en todo el territorio nacional, "incrementando con carácter general la seguridad jurídica con una legislación mucho más clara y homogénea" y "buscando una mayor colaboración entre las administraciones".
"Es una ley técnicamente más perfecta y plenamente garantista", ha apuntado Carreño, destacando que "no sólo pretende favorecer la unidad de mercado y la labor de los operadores económicos que actúan en el territorio español, sino que además aumenta la participación de todos los agentes económicos y sociales en los procedimientos".
Carreño ha afirmado que esta norma entrará en vigor "lo antes posible" en la Administración General del Estado, y que mientras se proporcionará a todas las Comunidades Autónomas un plazo de un año para adaptarse a sus preceptos o para que procedan a hacer una remisión general de esta norma.
Con esta finalidad, se configura la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente como foro para la propuesta y debate de las reformas legislativas necesarias para esta adaptación.
EVALUACIÓN DEL 'FRACKING'
Por otra parte, Carreño ha subrayado que con esta ley se concentrarán los esfuerzos en los proyectos en los que se prevean impactos más significativos, configurando una evaluación más ágil y menos costosa en los proyectos de menor incidencia ambiental. Ejemplo de ello es que se someterán a evaluación de impacto ambiental los proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica o "fracking".
"Al exigir un elevado nivel de calidad de los documentos y estudios ambientales sobre los que los órganos ambientales tienen que pronunciarse, se refuerza su carácter preventivo para una mejor identificación, mitigación y compensación de los impactos sobre el medio ambiente", ha explicado la diputada nacional.
Asimismo, el proyecto de ley introduce una serie de modificaciones en el régimen sancionador regulado por la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para garantizar que las actividades que generan riesgos para el medio ambiente en los espacios protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000 se puedan sancionar.
Se tipifican expresamente infracciones como "bunkering" mediante el fondeo permanente de buques-tanque, las llamadas gasolineras flotantes que fondean permanentemente, o los vertidos de materiales para rellenos no permitidos en aguas comprendidas en los espacios naturales protegidos y en los espacios de la Red Natura 2000.
Finalmente, por primera vez, el proyecto de ley introduce la obligación de tener en consideración en la evaluación ambiental "el cambio climático", para lo cual, deberán utilizarse las informaciones y las técnicas que estén disponibles en cada momento.
