Entre enero y junio de 2013 el Servicio de Inspección de Consumo ha recibido 2.000 solicitudes de arbitraje de consumo

La Comunidad Autónoma llevó a cabo 20 campañas de consumo, que supusieron más de 500 inspecciones, en los seis primeros meses del año, de ellas, cuatro fueron europeas, ocho nacionales y otras seis de iniciativa regional. Son datos del balance del servicio de inspección de consumo del primer semestre del año dados a conocer hoy por el secretario general de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación, Antonio Navarro, y la directora general de Consumo, Comercio y Artesanía, María Dolores Alarcón.

Antonio Navarro destacó dos aspectos fundamentales de estas campañas de inspección, "la variedad de las campañas, que tienen como objetivo único los derechos de los consumidores, fundamentalmente su seguridad y salud, y la coordinación en las redes de alerta, tanto con el Gobierno de España como con la Unión Europea".

Entre las campañas europeas en las que participó la inspección regional destacan una de control de buscador de vuelos por Internet y la campaña 'Travel Services' de rastreo y control de páginas web en las que se ofertan alojamientos y vuelos. En cuanto a las campañas nacionales, citar la de control de la compra y venta de joyas de oro, de inspección y control de talleres de repación de automóviles, de control de productos alimenticios y del etiquetado y composición de cargadores de telefonía móvil, pilas y pilas recargables.

Por su parte, el Servicio de Inspección de Consumo, dependiente de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, realizó acciones regionales específicas, entre las que cabe señalar las campañas de control de etiquetado y composición de gafas de sol, de control del etiquetado y seguridad de disfraces infantiles y del etiquetado y composición de perfumes dispuestos para su venta a granel.

En total se realizaron más de 500 inspecciones, lo que ha derivado en la inmovilización preventiva de 29.492 unidades de productos, entre los que destacan juguetes y calzado, asimismo se ha prohibido la comercialización de 162.973 unidades de distintos productos, como juguetes y guirnaldas luminosas.

Según recordó el secretario general de la Consejería, "el Servicio de Inspección de Consumo ejerce una labor fundamental de servicio público, al velar por el cumplimiento de la normativa que garantiza la seguridad de los productos que se encuentran en el mercado a disposición de los consumidores". Además, de realizar inspecciones periódicas es responsable del funcionamiento de la Red de Alertas de Consumo y se encarga del sistema de Arbitraje de Consumo.

Red de alertas

Antonio Navarro señaló que "muchas de estas inspecciones tienen su origen en la Red de Alertas de Consumo, que permite el intercambio rápido de información entre administraciones". Así, cuando Consumo detecta que hay un producto no alimenticio en el mercado que es inseguro, es decir que al utilizarlo el consumidor puede sufrir un daño, inmediatamente adopta una medida y comunica al resto de comunidades autónomas el riesgo que presenta ese producto y las medidas que ha adoptado.

Al respecto la Inspección de Consumo de la Región de Murcia participa en las redes de alerta de comunidades autónomas, en la de la Unión Europea y en la red que emite Estados Unidos en las que advierte que es posible que en Europa se esté comercializando algún producto inseguro.

Así, los consumidores y usuarios pueden informarse de los productos que están alertados en la web del Instituto Nacional del Consumo que en su página de seguridad publica un resumen de la Red de Alertas, tanto nacional como europea, figurando en las mismas además una fotografía del producto que presenta el riesgo, lo que les puede permitir evitar la adquisición y eliminar de su entorno estos productos peligrosos.

Arbitraje de Consumo

Durante el primer semestre de 2013 el servicio de Consumo ha recibido 2.000 solicitudes de arbitraje de consumo. De ellas, el 57 por ciento (1.142) estaban relacionadas con la telefonía móvil, el 10 por ciento (208) con tele proveedores de Internet, y un siete por ciento (135) con contratación de suministos de electricidad. Mientras que el 18 por ciento de las reclamaciones estaban referidad a otros servicios.

Navarro destacó que "el tiempo para resolver un arbitraje es de seis meses, aunque en la Región los estamos resolviendo en tres o cuatro meses". Además, recordó que "es un sistema voluntario para las empresas, al que se han adherido 9.630 empresas" y, añadió, "cada año se adhieren entre 50 y 60 empresas nuevas a este sistema".