"El sector fotovoltaico atraviesa momentos de extrema dificultad. Se está atacando injustamente a las pymes, autónomos y familias que apuestan por este sector, y se está haciendo que sean inviables tanto las inversiones que hasta ahora se realizaban como el futuro de las energías renovables en nuestro país". Así lo ha expresado Rafael González Tovar, Secretario General del PSRM, quien ha mantenido este miércoles junto al diputado regional, Manuel Soler, una reunión con miembros de ANPIER, UNEF, AREMUR, COAG, FECOAM y UPA, colectivos involucrados en el sector de las energías renovables.
"La energía fotovoltaica significa independencia energética, innovación, creación de tejido industrial y empleo, disminución de contaminación ambiental y mejora de la competencia económica, eso está en riesgo por uno real decreto al que nos oponemos de forma frontal desde el Partido Socialista", ha indicado González Tovar.
El Secretario General de los Socialistas murcianos ha exigido al presidente Valcárcel que defienda el sector fotovoltaico en la Región de Murcia y que pida un recurso de inconstitucional al Real Decreto Ley 9/2013 ya que "las medidas que pretende aplicar el Gobierno Central afectarán a 30.000 personas directamente y a otras 20.000 de forma indirecta en nuestra región".
"El Gobierno del PP está castigando a aquellas personas, autónomos, pymes, etc., que apostaron por un mecanismo de producción limpia de energía, y que ven como sobre la marcha van cambiando las reglas de juego del sector", ha manifestado González Tovar, quien ha recordado que en la Región de Murcia "tenemos una riqueza natural, el sol, y tenemos que sacarle rentabilidad. No puede el PP penalizar a quienes ven un yacimiento de riqueza, haciendo inviable todos los esfuerzos en potenciar este tipo de energía. La región fue la que más apostó por este tipo de energías y es la más perjudicada ahora por las medidas del PP".
Por su parte, Miguel Ángel Martínez, presidente de ANPIER ha agradecido el apoyo del PSRM-PSOE y ha asegurado que "El Real Decreto es tremendo para miles de familias que han invertido sus ahorros en estas energías. El actual gobierno ha derogado la ley que dio pie a que se realizaran importantes inversiones en materia fotovoltaica a nivel nacional. Familias, pymes, autónomos, etc., hicieron inversiones a petición del gobierno y ahora, al derogar aquellas medidas con las inversiones ya realizadas, estas pequeñas empresas y familias se encuentran con una deuda de 20.000 millones de euros en garantías personales, casas, sueldos, etc.".
"El Gobierno de la Nación ha cogido a la parte más débil del sistema eléctrico nacional, a las empresas de energía renovable, para llevarlas a la desaparición absoluta. Ha aplicado un cambio de ideología energética salvaje, derogando todo lo que había hasta ahora y, con las inversiones ya realizadas, ha redactado una nueva norma. Y pedimos a Valcárcel que impugne este decreto ante el Constitucional en defensa de los murcianos. Es un disparate, un atropello de derechos. No puede un gobierno, por tener una mayoría absoluta, exterminar de esta manera a un sector de los empresarios de este país para favorecer a cuatro grandes empresas", ha explicado el presidente de ANPIER.
Emilio Ballester, presidente nacional de la Unión Española Fotovoltaica, ha asegurado que el real decreto ley del PP es una táctica de acoso y derribo a las energías renovables "que está dando al traste con un momento en el que hasta el presidente de Estados Unidos alababa el desarrollo de las energías fotovoltaicas en España"
Ballester ha indicado que el autoconsumo está siendo destruido, y ha explicado que el gobierno ha sacado un Real Decreto "que propone que uno se compre su placa solar, produzca su energía y además le pague a la compañía eléctrica 7 céntimos por cada kw. Es un disparate que busca ir contra el ahorro y la eficiencia energética, contra el empleo local y contra las energías renovables, que son más baratas que la energía que venden las compañías eléctricas".
