La directora general de Territorio y Vivienda, Yolanda Muñoz, aseguró esta semana que la elaboración del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), que recoge la reciente Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbana, "abre un nuevo campo de trabajo para los profesionales de la Ingeniería y de la construcción".
Yolanda Muñoz hizo estas declaraciones durante la clausura de una jornada técnica organizada por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia, sobre la recientemente promulgada normativa estatal.
La directora general explicó que la nueva ley "es una herramienta llamada a revitalizar el mercado de la edificación, ya que potencia la rehabilitación de los tejidos urbanos existentes y ofrece un marco normativo que permita la reconversión y reactivación del sector de la construcción, orientándolo hacia la renovación de los espacios".
Otro de los aspectos que destacó de la norma fue la adaptación que se produce al marco europeo, sobre todo en relación con la eficiencia y ahorro energéticos.
La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha colaborado y participado activamente en el espíritu de esta nueva norma, en los diversos grupos de trabajo constituidos por el Ministerio de Fomento, en los que ha planteado propuestas de reorientación de iniciativas hacia el parque inmobiliario más obsoleto.
Informe de Evaluación de Edificios
La directora general de Territorio y Vivienda señaló que el Informe de Evaluación de Edificios (IEE) "supone un importante avance en la materia, ya que a partir de ahora estarán obligados a disponer de él aquellos edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad mínima de 50 años, y todos los municipios, salvo que tengan una inspección técnica".
Además, también será necesario que cuenten con este informe los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas para conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, así como los que determine la normativa autonómica o municipal.
El IEE no solo evaluará el estado de conservación del edificio, sino que examinará también las condiciones básicas de accesibilidad universal y eficiencia energética. Ahora se refunden en uno los tres informes que establecía la normativa anterior, del año 2011.
