Guijarro: "Los orientadores y profesores de adolescentes embarazadas necesitan más formación"

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La diputada Popular propone la organización de sesiones informativas dirigidas al especialistas y personal docente para ayudarles a afrontar situaciones críticas de menores en los centros educativos

La diputada popular Ana Guijarro ha solicitado hoy al Gobierno su compromiso para atender la demanda de información y asesoramiento de profesores, asesores y especialistas de los centros de enseñanza Secundaria, sobre salud sexual, así como sobre las obligaciones legales que tienen quienes traten con alumnas menores embarazadas en su actividad profesional diaria.

Guijarro ha manifestado que "los orientadores y profesores necesitan más formación para afrontar situaciones críticas", por lo que ha reclamado la organización de sesiones informativas que permitan instruir a los orientadores sobre las leyes vigentes respecto a la protección del menor, que les ayuden a desarrollar actuaciones preventivas; que proporcionen información sobre las responsabilidades subsidiarias del centro educativo, o que les informen sobre el derecho a la información de los menores como de sus tutores legales.

La diputada ha manifestado que el esfuerzo para la prevención en los centros educativos es una iniciativa especialmente necesaria en la Región de Murcia "porque somos una de las cuatro comunidades autónomas con mayor número de abortos", lo que, en su opinión, pone de manifiesto la necesidad también de ampliar la información a los alumnos y responsables de los centros.

En consonancia con lo anterior, la diputada Popular ha solicitado la colaboración de la Consejería de Educación con otras instituciones y asociaciones que trabajan día a día en el fomento de la igualdad, la prevención y la violencia de género y la atención a adolescentes gestantes.

La iniciativa, tal y como ha apuntado Guijarro, responde a la necesidad de protección del menor, recogida de forma explícita en la Declaración de los Derechos del Niño y de la Niña de Naciones Unidas y en la Constitución Española, donde se expone, entre otras cuestiones, que "los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo" o que "las administraciones públicas incentivarán la producción y difusión de materiales informativos y otros destinados a los menores", que respeten sus derechos.

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