En la mañana del 19 de febrero han comparecido ante los medios de comunicación los componentes de la nueva directiva de la Junta de Personal Docente no universitario de Murcia, elegidos en el pleno de este organismo de representación de los docentes de la enseñanza pública el pasado viernes 15 de febrero.

Los nuevos directivos fueron elegidos tras presentar el Comité de Resistencia una candidatura, que resultó ser la única, en la que se produce una distribución de las responsabilidades entre los tres sindicatos que componen este organismo que ha dirigido las luchas de resistencia contra los recortes educativos habidos en los dos últimos años.

Pedro Manuel Vicente, de CCOO, como presidente la Junta, Juan Ángel Sánchez, de STERM, como vicepresidente, Antonio Fco. Ferrández, de UGT, como secretario y Sandra Mª Fueyo, de CCOO, como vicesecretaria, son los componentes de la Directiva que viene a sustituir a la desempeñada por el sindicato ANPE desde 1998.

En la comparecencia de esta mañana, Pedro Manuel Vicente, que ha actuado como portavoz, ha resaltado que la nueva directiva asume sus funciones en un contexto de excepcional complejidad no solo por la intensidad y presidencia de la crisis económica, agravad por las políticas da juste duro practicada por los gobiernos central y regional, sino también por la dureza del ataque a los derechos sociales y laborales de los trabajadores de la enseñanza y a las políticas de desmontaje de los servicios públicos que configuran el Estado del Bienestar.

Por ello la directiva se fija, con renovada ilusión, como prioridades de la nueva etapa que encabeza la defensa tajante y a ultranza de los derechos y condiciones de trabajo del conjunto de los docentes murcianos tanto para evitar nuevos retrocesos como para recuperar los perdidos en el último periodo. A la vista de lo que ya se anuncia en otras Comunidades, como Cataluña y Galicia, prevé que la lucha habrá de ser dura y continuada.

La nueva directiva buscará generar el más amplio consenso en el seno de la Junta de Personal que agrupa a 61 representantes de seis sindicatos distintos. Y se muestra dispuesta a asumir en esa búsqueda del entendimiento la discrepancia, pero no a eludir la claridad y contundencia en la toma de decisiones.

Pedro Manuel Vicente ha manifestado la disposición a, desde la Junta, ser capaces de romper el muro que la Administración regional ha levantado, en los últimos años, frente a la escuela pública y a sus trabajadores.

En opinión de Vicente la Junta no debe tolerar una regresión en términos sociales y democráticos y debe ser un vector fundamental en la propuesta de alternativas para garantizar los derechos del profesorado y en la canalización del descontento social y en la articulación del conflicto. No se puede consentir que se intente derivar el sistema educativo a un modelo tipo Eurovegas que no genera ningún tipo de valor añadido.

El presidente de la Junta, ha afirmado con el asentimiento de sus compañeros de directiva, que le preocupan especialmente la no cobertura de bajas del profesorado hasta pasado al menos dos semanas de ausencia por lo que supone esta medida de lastre al funcionamiento de los centros educativos y de abandono a la atención educativa que el alumnado se merece. Es una medida especialmente rechazable que en los casos de los colegios significa una disminución de las tareas de apoyo educativo revirtiendo en una aminoración de la calidad educativa en la escuela pública.

También le parece inaceptable la situación que vivimos desde octubre en la que el profesorado es objeto de disminución salarial cuando se encuentra en situación de baja médica por enfermedad o por accidente no laboral. Esta situación es una flagrante injusticia social y una indignidad.

Igualmente ha denunciado la situación de ahogamiento económico en que se desenvuelven los centros educativos públicos en la Región. Se les adeuda el 40% de la partida de gastos de funcionamiento de 2011, el 255 de la de 2012 y solo han recibido el 20% de la de 2013. Pero si llegan pizarras digitales pagadas con dinero del Fondo Social Europeo, y lo hacen sin un programa claro de digitalización, sin formación previa del profesorado, sin dinero para su instalación física, y sin dinero para su mantenimiento.

Por último Vicente denuncia la agresión sufrida en el último año por el profesorado interino y las amenazas a la estabilidad laboral de este colectivo que depende de la aplicación o no del Acuerdo de Interinos sobre cuya continuidad la Consejería se niega a despejar las dudas existentes.

La nueva directiva de la Junta de Personal denuncia la falta de respeto al profesorado a las organizaciones sindicales que lo representa que practica la Consejería de Educación.

Falta de respeto que se pone de manifiesto cuando se modifican resoluciones (como la que establece las causas de exención de las listas de posibles componentes de tribunales de oposición) unilateralmente y de espaldas a los representantes laborales, o cuando se responde despóticamente a una solicitud conjunta de la totalidad de los sindicatos, como ha ocurrido con la petición de reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Interinos. La misma falta de respeto que supone que las organizaciones sindicales conozcan por le BORM las vacantes de plazas para el concurso de traslados tras el incumplimiento por la Consejería de su compromiso de verlas anteriormente con los representantes sindicales, o que se lleve dando largas desde 1999 a la negociación del ROC regional.

Para la Consejería de Educación la negociación laboral no existe. Es un mero paripé en el que cumple formalmente con la obligación legal de reunirse con las organizaciones sindicales sin tener disposición alguna ni a negociar ni a llegar a acuerdos. La Consejería incumple sistemáticamente algunas obligaciones legales que tiene para con la representación laboral de los docentes como es informar a la Junta de Personal del absentismo laboral o de los expedientes disciplinarios.

La Junta de Personal Docente como representante de los más de 18.000 docentes murcianos está dispuesta a poner coto a esta situación insoportable y a conseguir que, en la que sin duda es la primera empresa de la Región por número de trabajadores, se respeten los derechos sociales, sindicales y laborales de sus trabajadores.