Ecologistas en Acción exige a Valcárcel que rectifique y sea lo suficientemente honesto y responsable como para dar un giro radical a su política

Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado en el que ha defendido la necesidad de una planificación medioambiental en la región, y no sólo de la planificación que viene impuesta por el cumplimiento de legislación europea, sino también de la normativa regional y nacional.

En dicho comunicado, la organización ecologista ha recordado que lleva años exigiendo al Gobierno de Valcárcel que cumpla con la legislación ambiental vigente, alguna incumplida desde hace más de tres lustros, e incluso llevando determinados casos ante el Defensor del Pueblo, el cual ha dado la razón a la organización y un tirón de orejas al ejecutivo regional, que aún así persiste en sus incumplimientos de la legislación vigente.

Para Ecologistas en Acción la irresponsable actitud de Valcárcel con respecto al medio ambiente desde el mismo momento en que asumió el Gobierno Regional, le trae ahora estos lodos: el cabreo de algunos propietarios, empresarios y colegios profesionales que estaban acostumbrados a cumplir con sus expectativas con mínimas cortapisas y aprovechándose de los resquicios e inseguridad jurídica que crea precisamente esa “desplanificación” ambiental que tiene la región.

A esta actitud irresponsable, se ha unido otra: la pedagogía constante del Gobierno Regional a través de sus actos, permitiendo y/o promoviendo proyectos aunque afectaran a Espacios Naturales Protegidos, llegando en algunos casos incluso a desproteger territorios por vías inconstitucionales para posibilitar negocios ilegítimos, como en el caso de Marina de Cope.

También se ha alimentado durante años y de forma irresponsable demasiadas expectativas ilegítimas de negocio, posibilitando y hasta promocionando la ilegal práctica del “teletransporte” utilizando suelo no urbanizable con protección específica, algo que incumple clara y meridianamente la Ley del Suelo, y que sin embargo se ha llegado a recomendar a los ayuntamientos como práctica urbanística en las Directrices del Litoral.

Esta actitud absolutamente irresponsable en la que por un lado se evita la planificación y por otro se lanza el mensaje del “todo vale en aras del negocio”, ha alimentado durante más de tres lustros las expectativas de negocio de particulares, especuladores, corruptos, empresas y determinados colegios profesionales, y muy especialmente en materia de especulación urbanística y expansión de regadío industrial intensivo.

La asociación considera que ese caldo de cultivo ha propiciado la “tormenta perfecta” en cuyo centro se encuentra ahora el ejecutivo murciano, ya que por un lado siente la presión de la Comisión Europea, que va a sancionar económicamente a España por no cumplir los plazos en cuanto a planificación de los espacios Red Natura 2000, y por otro ha de deshacer las expectativas creadas en determinados propietarios, empresas y colegios profesionales, así como de especuladores a los que venía muy bien la ambigüedad de la no planificación y la permisividad institucional.

La asociación ecologista ha querido mandar también un mensaje a esos propietarios, empresas y colegios profesionales que tanto ruido están haciendo estos días, maximizando hasta rozar el ridículo las supuestamente “terroríficas consecuencias” de una Planificación Ambiental. Planificación que precisamente dará una mayor seguridad jurídica a los propietarios y a cualquier empresario e inversor sobre lo que se puede y no se puede hacer legalmente en determinados espacios, que hay que recordar que ya están protegidos y que necesitan una definición de cómo han de ser gestionados.

También recuerdan que la simple posesión de una propiedad privada no legitima las expectativas de su propietario de hacer lo que le venga en gana, ni legitiman las expectativas de negocios especulativos de determinadas empresas o inversores.

Advierten que ya existían, y siguen existiendo, leyes de ámbito local, autonómico y estatal, más allá de las normas ambientales, que regulan y limitan los usos de la propiedad privada en base al Interés General de todos los ciudadanos (recogido en la Constitución Española, entre otros, en los artículos 103.1[1] y 128.1[2]).

Así, consideran pura demagogia que se quiera demonizar, en aras de la propiedad privada y expectativas de negocio privado, una planificación de usos respecto a los valores ambientales.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha pedido un cambio de rumbo del Gobierno de Valcárcel, y que se tome el medio ambiente y su planificación como algo realmente beneficioso para la economía regional, ya que actualmente podemos comprobar de primera mano cuales son las consecuencias de la actitud irresponsable que se ha tenido hasta el día de hoy: una región con pocas expectativas de recuperación a corto y medio plazo, caótica, con inseguridades jurídicas, demasiados casos de corrupción, negocios especulativos ruinosos, miles de parados sin formación, alto fracaso escolar, etc.

Así, han exigido que no sólo se cumpla con la legislación que viene de Europa, sino que se ponga fecha definitiva al cumplimiento de la legislación regional y nacional, especialmente en lo que atañe a los siguientes planes:

Aprobación definitiva y aplicación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de todos los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. Y constitución urgente de las juntas rectoras de aquellos que no la tengan.

Aprobación definitiva y aplicación de los Planes de Gestión de las Especies de Fauna Silvestre Amenazadas.

Aprobación definitiva y aplicación de los Planes de Gestión de la Flora Silvestre Amenazada.

Aprobación definitiva y aplicación del Plan Forestal Regional.

Aprobación definitiva y aplicación del Plan de Residuos Regional.

Cumplimiento de la Estrategia Regional de la Diversidad Biológica de la Región de Murcia.

Y precisamente, para poder llevar a cabo la ardua empresa de poner al día tres lustros de incumplimientos legales, más los nuevos que van surgiendo, como la Calidad del Aire, Valcárcel debe rectificar la situación precaria de la administración regional con competencias en Medio Ambiente, dotándola de medios económicos y recursos humanos suficientes, además de reforzar su importancia frente a otros sectores del ejecutivo regional, como Ordenación del Territorio, Industria o Agricultura.

[1] Artículo 103.1: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

[2] Artículo 128.1: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general