La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM, convocada ayer con carácter de urgencia por su secretario general, Rafael González Tovar, "ante la situación insostenible de casos de corrupción y de presunta financiación ilegal que afectan al Partido Popular" para valorar la repercusión en la Región de Murcia de esa situación, adoptó una resolución "de respuesta, y también de compromiso" contra la corrupción.

El PSRM exige, en primer lugar, que se abra un proceso de diálogo en la sociedad con el objetivo de elaborar una Ley regional de Transparencia y Participación "que garantice los mecanismos de control y fiscalización necesarios para conseguir la dignificación de la actividad de los cargos públicos, y que, a su vez, favorezca la participación ciudadana en la toma de decisiones".

Los socialistas consideran inaceptable que sigan en sus puestos de responsabilidad quienes han sido imputados por la Justicia por sus acciones en dichos cargos. Por ello, exigen al Partido Popular que separe "temporalmente" de sus puestos de responsabilidad institucional a quienes tenga imputados "hasta que haya una sentencia firme que los absuelva", como son en estos momentos el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, o el de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez.

El PSRM demanda la máxima contundencia con los casos de corrupción, y que la Justicia se dote de mecanismos rápidos para clarificar y juzgar con urgencia estos casos, al tiempo que pide al resto de fuerzas políticas "el máximo nivel de exigencia ética en los comportamientos".

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE también recuerda en su resolución que "hace ya dos años que todos nuestros candidatos presentaron su declaración de bienes". Y señalan que "hay que seguir avanzando en la exigencia de transparencia a quienes ejercen la función pública".