El portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Juan Berbell, ha dicho que el consistorio atraviesa por una situación económica "crítica" debido a la "mala gestión" del equipo de Gobierno y la aplicación de políticas de recortes e incremento de impuestos.
Para Berbell, la labor de los dirigentes municipales en 2012 fue "muy negativa" porque ha tenido como resultado el aumento de la deuda municipal en nueve millones de euros y el empeoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que, además de sufrir la crisis, tienen "peores servicios".
Ha explicado que el Ayuntamiento se acogió al Plan de Pagos del Gobierno central a través del Instituto de Crédito Oficial y obtuvo un crédito cuyos intereses ascienden al seis por ciento, lo que supone "una estafa en toda regla" a la ciudadanía.
También ha recordado que el equipo de Gobierno no aprobó ninguna de las iniciativas presentadas por IU-Verdes en 2012 pese a que "miraban por el bienestar de los vecinos", como es el caso de una moción en defensa de las personas afectadas por las preferentes de la banca.
El concejal también ha señalado que su formación presentó una moción para la limpieza del río Argos que todavía no ha sido debatida; además de una iniciativa a favor de que la Iglesia y en contra de la reforma laboral del PP, que tras más de un año de su aplicación ha generado desempleo.
Otras de las mociones de IU-Verdes han sido la puesta en marcha de la administración electrónica, para agilizar procesos administrativos aprovechando la tecnología; la realización de unos presupuestos participativos y varias preguntas sobre infraestructuras que el PP prometió pero no ha llevado a cabo.
No obstante, los "tres puntos negros" que han marcado la política del equipo de Gobierno han sido la presunta trama de corrupción por El Roquecillo; el "despilfarro" y la inviabilidad de Caravaca Jubilar y el "pelotazo urbanístico" en el caso de la UTE de Caravaca, que se ha convertido en un coste de 9 millones de euros al ayuntamiento.
Sobre este último, ha asegurado que es "una estafa" a los ciudadanos con la "presunta complicidad de los gobernantes municipales".
