IU-Verdes ha destacado hoy que los presupuestos de la consejería de Sanidad y Política Social para 2013, que registran un descenso del 14,4 por ciento respecto al pasado año, "desahucian la sanidad pública" y suponen un empeoramiento de la situación socioeconómica de la Región de Murcia.
El portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha destacado de los citados presupuestos que "profundizan en el desmantelamiento del sistema público de la sanidad", y, como muestra de ello, ha mencionado la aplicación del copago, el céntimo sanitario y el pago por recetas.
También ha criticado la supresión de los servicios de urgencias en municipios de la Región "que tienen una dificultad especial de acceso", el incremento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, la reducción en el tiempo de atención de los médicos a los pacientes y la merma de la atención primaria.
"Se apuesta por el modelo americano de una atención sanitaria de beneficencia para la mayoría y una sanidad privada para quien pueda costearla", ha subrayado Pujante, tras asegurar que los presupuestos "rompen con los principios de igualdad, universalidad y calidad de la asistencia sanitaria y social".
Ha denunciado, asimismo, la reducción del presupuesto destinado a la dirección general de Salud Pública (-11,28 por ciento), así como de los programas de coordinación regional de trasplantes (-60,78 por ciento), de Calidad Asistencial (-28,26 por ciento) y de Planificación Sanitaria (-60,78 por ciento).
Política Social
Pujante ha indicado que los presupuestos, en lugar de reforzarse ante el "cataclismo social", disminuyen las partidas dirigidas a las políticas sociales, algo que ha considerado "paradójico" dada la "elevada" tasa de personas en situación de pobreza y exclusión social, que supera el 40 por ciento.
Ha censurado que la dirección general de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración reciba un presupuesto de 21 millones de euros, 12,96 por ciento menos que en 2012, y que más de la mitad de ese montante se destine a personal, mientras que solo el 3,29 por ciento -frente al 66,67 del pasado año- va a inversiones presupuestarias.
"Estos datos revelan que los pocos fondos que se destinan para las políticas sociales se dirigen al personal y las escasas inversiones o transferencias a ayuntamiento para programas sociales no tienen casi peso en el presupuesto, algo que "evidencia la nula importancia que las políticas sociales tienen para el Gobierno de Valcárcel".
También ha destacado que la oficina de la dependencia solo representa un 1,92 por ciento del presupuesto total, sufriendo un recorte respecto al año anterior de un 17,08 por ciento. "Además, este programa, con 1,4 millones de euros de presupuesto destina un 74,4 por ciento a gastos de personas y cero euros a inversiones".
Respecto a la Fundación Alzheimur, cuyos principales fines son la investigación biomédica, básica y clínica sobre las demencias y fomentar proyectos formativos, Pujante ha resaltado el descenso de más del 87 por ciento en esta partida y el recorte del 100 por cien en sus inversiones, lo que supone "menos recursos de centros de día y residencias".
Ha llamado la atención sobre el recorte del 87,78 por ciento del capítulo de transferencias corrientes de la Comunidad a los ayuntamientos, encargados de tramitar las ayudas y prestaciones básicas de los servicios sociales municipales, a través de la dirección general de Asuntos Sociales, Igualdad e Inmigración.
El IMAS también sufre una "importante reducción" del 19,75 por ciento en su presupuestos, al igual que las subvenciones nominativas dirigidas a instituciones sin ánimo de lucro para el mantenimiento de actividades y servicios y las subvenciones a las federaciones de discapacitados, que también descienden.
"El Gobierno regional, lejos de amparar y proteger a una población cada vez más vulnerable ante los efectos de la crisis, machaca con recortes en cuestiones sociales básicas que implican muchas veces garantizar la supervivencia, mientras asfixia a las ONG´s y les hace cubrir una labor que debe hacer la Administración".
