El desarrollo del Plan es un modelo de cooperación entre administraciones, estatal, autonómica y local, e interlocutores sociales.

Se reformará el Código Penal y el marco regulador de la actuación de la Inspección de Trabajo.

El subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pedro Llorente, ha asistido hoy a la presentación del Plan contra la economía irregular de la Región de Murcia, que permitirá reforzar la coordinación entre las medidas regionales de lucha contra el fraude a la Seguridad Social y las adoptadas por el Gobierno Central.

La coordinación y la colaboración mutua entre las diferentes Administraciones Públicas (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales), con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social así como con los interlocutores sociales, es una de las diversas acciones del  Plan de Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social 2012-2013 aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012.

Pedro Llorente ha explicado que, en ejecución de ese Plan, el Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de julio aprobó dos Proyectos de Ley que han sido remitidos a las Cortes Generales y que entrarán en vigor en los próximos meses: un Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal y un Proyecto de Ley ordinaria de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

El Proyecto de Ley Orgánica endurece el Código Penal para combatir más eficazmente el empleo sumergido y el fraude en las cotizaciones y prestaciones sociales. Para ello, se reduce a 50 mil euros en un periodo de cuatro años la cantidad para incurrir en el delito de fraude a la Seguridad Social; se amplía la pena a seis años de prisión y el plazo de prescripción a diez años para los fraudes a la Seguridad Social superiores a 120 mil euros o en los que se utilicen tramas criminales organizadas (empresas fantasmas, talleres clandestinos); se persigue el fraude en la obtención de prestaciones sociales mediante engaño, simulación u ocultación que antes quedaban impunes por razón de su cuantía; y también se amplia la pena a seis años de prisión y el plazo de prescripción a diez años a quienes empleen de forma masiva o colectiva a trabajadores sin haberlos dado de alta en la Seguridad Social o sin permiso de trabajo en el caso de los extranjeros. 

Junto a ello, la futura Ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social modifica el marco jurídico regulador de la actuación de la Inspección de Trabajo. Por un lado, se modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social para establecer mayores sanciones en aquellos supuestos fraudulentos que afecten a una pluralidad de  trabajadores, por suponer una disminución de los ingresos de la Seguridad Social, o por permitir el acceso indebido a las prestaciones por desempleo, por ejemplo mediante la utilización ilícita y en fraude de ley de los EREs de suspensión de contratos o de reducción de jornada.

Además, se reforman también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Ley General de la Seguridad Social para facilitar las actuaciones de la Inspección en cuanto al acceso a bases de datos de Notarios y Registradores de la Propiedad, a ampliar el plazo de duración de las actuaciones comprobatorias y a evitar que no resulte más beneficioso el incumplimiento de una norma que su sanción.

La modificación del Código Penal ha recibido el informe favorable del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial y la futura Ley ha recibido las observaciones y aportaciones de las Comunidades Autónomas, de los agentes sociales y del Consejo Económico y Social del Estado.

Todas estas reformas en marcha configuran un conjunto integral de medidas normativas y de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo para combatir activamente y con todos los medios del Estado de Derecho la lacra social de las conductas de fraude a la Seguridad Social y en el mercado de trabajo.

El objetivo último es permitir una mayor y mejor represión de aquellas conductas fraudulentas más graves, por la cuantía defraudada o por los medios utilizados para hacerlo, necesitadas de un mayor reproche legal por la injusticia e insolidaridad que supone afectar a los derechos de los trabajadores y a los recursos económicos de la Seguridad Social. Ello permite también evitar las situaciones de competencia desleal entre las empresas que cumplen sus obligaciones legales y las que pretenden actuar en la economía sumergida.