El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la convocatoria de la Diputación Permanente en la Asamblea Regional en Sesión Extraordinaria y Urgente para pedir tres comparecencias: la de la consejera de Sanidad, la del consejero de Economía y la del presidente Valcárcel.

García Retegui explicó que en el caso de la consejera de Sanidad, el Grupo Parlamentario Socialista quiere que comparezca para que dé explicaciones de las razones por las que el Servicio Murciano de Salud ha decidido reducir el número de guardias a los sanitarios residentes de la Región (MIR, enfermeros, matronas, biólogos, farmacéuticos, etc), así como las consecuencias que dicha medida tendrá sobre la formación de estos profesionales y en los servicios sanitarios.

Por otra parte, se ha solicitado la comparecencia del consejero de Economía y Hacienda, Juan Bernal, para que explique los acuerdos tomados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado ayer, y respaldados por el Gobierno regional. Así como las consecuencias que para la Región de Murcia va a tener el incumplimiento del objetivo de déficit por parte de la Comunidad Autónoma.

La comparecencia más importante es la que se refiere al presidente Valcárcel. García Retegui explicó que es necesario que explique el alcance y consecuencias que para la región de Murcia van a tener las medidas anunciadas el pasado 11 de julio, por el Presidente Rajoy, en el Congreso de los Diputados, y cuya aprobación está prevista en el Consejo de Ministros de hoy.

La portavoz socialista indicó que las medidas aprobadas por Rajoy evidencian la falta de sincronización y de sintonía entre el Estado y las CCAA, a pesar de la sumisión demostrada por el Gobierno de Murcia en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En este sentido, recordó que el pasado 30 de junio, la Asamblea Regional aprobó una ley que imponía unas condiciones de ajuste y de copago a los dependientes, "que en menos de quince días se han visto sobrepasadas por las presentadas por el Gobierno de Rajoy. "Esto invalida todo el trabajo de la Asamblea Regional y genera una inseguridad jurídica por las contradicciones en que incurre y genera inseguridad a los trabajadores públicos y a los ciudadanos que tienen que recibir esas prestaciones. Además, deja claro que estamos ante unos recortes ideológicos que cambian un modelo y cuyo objetivo último es acabar con el Estado del Bienestar".

Apostilló que Valcárcel tendrá que explicar cómo con esa ley aprobada el 30 de junio y con el Plan de Reequilibrio Financiero, la Región iba a cumplir el 1,5 por ciento del objetivo de déficit, porque los nuevos recortes de Rajoy revelan su desconfianza absoluta en las CCAA. "Nos obliga a recortar en prestaciones básicas, en educación, sanidad y servicios sociales. Mientras, el Partido Popular sigue sin pedirle a los que más tienen, que son los únicos que podrían colaborar para tener los ingresos suficientes", denunció.