El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, junto con los responsables del resto de comunidades autónomas, ultimaron ayer con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, las líneas que el Gobierno de España defenderá próximamente en Bruselas sobre la reforma de la Política agraria Común (PAC).
El consejero de Agricultura y Agua señaló, tras la celebración de las reuniones del Consejo Consultivo y la Conferencia Sectorial que tuvieron lugar en Madrid, que se ha establecido "una posición común" para el debate de la reforma de la PAC que tendrá lugar en el Parlamento Europeo.
Cerdá destacó "el consenso y la unanimidad" de las comunidades autónomas en la elaboración de las claves que recogerá el documento, diseñado a partir de una política agrícola nacional. "Se presenta un documento en el que estamos todos de acuerdo", dijo el consejero de Agricultura, aunque añadió que "hay algunos matices todavía por consensuar".
El Gobierno español defenderá una financiación suficiente para el próximo período 2014-2020 que garantice el nivel de ayudas que la agricultura española ha percibido hasta ahora. También proponen modificar aspectos como el 'greening', que condiciona la recepción de un tercio de los ayudas al cumplimiento de requisitos ambientales y que según las comunidades "es excesivo", y el impulso a la incorporación de jóvenes agricultores, entre otras medidas.
Asimismo, según indicó Cerdá, durante la reunión se acordó que coexistan los Programas de Desarrollo Rural que están aplicando las comunidades autónomas con una línea de desarrollo nacional, con el objetivo de que "no se creen agravios comparativos para un mismo cultivo entre las diferentes regiones. Se intenta que los agricultores, independientemente de donde están cultivando, tengan la misma ayuda por el mismo producto", explicó el responsable de Agricultura.
El Ministerio anunció además la intención de que los consejeros de las comunidades autónomas tengan un encuentro en los próximos meses con los parlamentarios europeos para defender el posicionamiento común de España ante la próxima reforma.