El sindicato afirma que esta situación le está costando a las arcas públicas regionales varios millones de euros al año, que deberían asumir las mutuas

CCOO viene demandando desde 2008 el que la Consejería de Sanidad asuma los compromisos contraídos en relación a la elaboración de listas de trabajadores que han estado o están expuestos a los efectos del amianto.

En el año 2008 la Consejería de Sanidad se comprometió a elaborar unos censos que enviaría al Ministerio de Sanidad para planificar la vigilancia de la salud de este colectivo de trabajadores, ya que esto permitiría a quienes están fuera de las empresas realizar una vigilancia para evitar los efectos de la asbestosis y de los mesoteliomas. Si este procedimiento se hubiese hecho durante la presencia del trabajador en la empresa, todo el gasto derivado hubiese ido con cargo a la mutua. A los trabajadores que aún continúan en la empresa, todo el gasto debería ir con cargo a las mutuas.

Por otro lado, en 2009 y 2010 la Administración regional se comprometió a crear el grupo de Amianto en la Región. Después de una primera reunión nunca más se supo.

Por los informes recabados por CCOO, a día de hoy, se sabe que la Consejería no ha aportado ningún dato sobre trabajadores expuestos. Sólo existen informaciones referentes a la Empresa Navantia que ha aportado la propia empresa.

Para CCOO, la gestión negligente de la Consejería ha propiciado el que Murcia por el momento esté fuera del protocolo de actuación sobre vigilancia de la salud del Ministerio de Sanidad.

El Ministerio no conoce siquiera cuál es el centro de referencia para el tratamiento de esta enfermedad e igualmente los desconocen el 99 % de los trabajadores expuestos.

CCOO informa de que sólo detectar el mesotelioma tiene un coste al SMS de 5000 € persona; y una primera hospitalización otros 5000 € más. Con lo que sólo detectar la existencia de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto cuesta 10.000 euros, cantidad que corre a cargo del erario público.

CCOO llama la atención sobre el hecho de que el que no se conozca el número de trabajadores afectados redunda negativamente en la necesaria planificación de la acción preventiva que conllevaría evitar el riesgo en origen y salvar vidas.

José Cánovas, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Región de Murcia, se pregunta si "nuestros gobernantes tienen conocimiento de esta situación y sus consecuencias".

Cánovas considera impresentable que desde el Gobierno Regional "se meta la tijera a servicios públicos fundamentales para la población como educación y sanidad" y, sin embargo se esté corriendo con un gasto de varios millones de euros, podríamos estar hablando de cifras cercanas a los 5 millones al año, que deberían asumir las mutuas y que salen del bolsillo de toda la ciudadanía.

"Es momento de pedir responsabilidades, y probablemente dimisiones: Consejera de Sanidad, Consejero de Economía y Hacienda y, por qué no, el propio Presidente", concluye Cánovas.