La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique ha presentado una moción en la Asamblea en la que reclama que no se aplique el copago sanitario en nuestra Comunidad Autónoma.

Rosique propone también que se apliquen todas las medidas necesarias de reducción del gasto que no afecten a la calidad de los servicios sanitarios, como la inmediata puesta en marcha de la subasta para la compra de medicamentos.

El Partido Popular ha puesto en marcha una estrategia encaminada a crear un estado de opinión resignado ante un previsible copago sanitario. Según la diputada socialista, la postura del PP en Cataluña, absteniéndose en la aprobación de la propuesta de CIU respecto a la implantación del pago de un euro por receta, las declaraciones del presidente gallego, Núñez Feijó, sobre el pago de los medicamentos en función de la renta o las de la consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios, planteando la necesidad de subir el precio de los medicamentos en nuestra Comunidad Autónoma, son ejemplo de ello.

Pioneros

Nuestra Comunidad Autónoma "tiene el dudoso honor de contar con el primer presidente que planteó públicamente la necesidad de que los ciudadanos tuviéramos que asumir parte del gasto en sanidad y educación, como si no lo estuviéramos haciendo ya vía impuestos", dijo.

Para Teresa Rosique, el Partido Popular "está jugando a tirar la piedra y esconder la mano. El presidente Rajoy dice que personalmente no le gusta el copago sanitario, mientras el Gobierno regional dice ahora que no es favorable y que no desea que se aplique, porque no lo tiene en su agenda, pero si el Consejo Interterritorial de Salud lo aprueba, lo aplicará".

El Grupo Parlamentario Socialista rechaza la aplicación del copago sanitario por ser una medida doblemente injusta: por un lado, hace que paguemos dos veces por la prestación de servicios y, por otro, porque supone una imposición económica que se aplica directamente sobre los enfermos que son los que necesitan de esas prestaciones. Rosique advierte, asimismo, que "el copago acaba con una conquista histórica, la gratuidad y equidad del sistema público de salud". Recordó que desde 2011 en nuestra Región se aplica el céntimo sanitario.

En nuestra Comunidad Autónoma existen suficientes y fundadas razones para rechazar este copago. La parlamentaria manifestó que "el Gobierno regional ha iniciado muy tarde la puesta en marcha de medidas de ahorro, como la aplicación del principio activo en los medicamentos o la central de compras. Los ciudadanos no tienen la culpa de que el retraso en la puesta en marcha de medidas como éstas hayan producido un derroche de dinero público, como ha pasado durante años con el gasto farmacéutico".

Retraso injustificado

Un retraso que la diputada calificó de injustificado, máxime cuando el agujero en sanidad y la deuda con proveedores estaban disparados desde 2009, y han dado lugar a que el déficit sanitario supere los 1.100 millones de euros y la deuda con proveedores esté en 1.000 millones.

Por otro lado, está el contexto socioeconómico de nuestra Comunidad Autónoma. En 2009, el 61,52% de la población en nuestra Región era de clase social baja (6 puntos por encima de la media nacional), según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad; "un porcentaje que con toda seguridad habrá empeorado como consecuencia de la crisis económica y del incremento del paro superior en cinco puntos a la media nacional. Gravar las economías familiares con un copago sanitario en un contexto social como el nuestro es totalmente inasumible. Por no hablar de los más de 220.000 pensionistas que se verían afectados por estas medidas en la Región, que cuentan con las pensiones más bajas".

Para el PSOE, "el Gobierno regional no puede exigir a los ciudadanos un mayor esfuerzo económico para seguir gastando de la misma manera, sin control. Está obligado a buscar todas las fórmulas de ahorro posibles, garantizando la calidad de los servicios y no lo ha hecho". Un ejemplo de medidas que no se aplican en nuestra Comunidad Autónoma es lo que Andalucía hace sacando a subasta la compra de medicamentos, que producirá un ahorro en esa Comunidad de unos 200 millones de euros en gasto farmacéutico, ahorro que a nivel nacional sería de 1.500 millones si se aplicara en todas las Comunidades Autónomas.

Hasta ahora las medidas aplicadas por la Consejería de Sanidad se basan fundamentalmente en el recorte presupuestario más que en el ahorro. Estos recortes tienen ya como consecuencias claras el envío al paro de unos mil trabajadores de la sanidad y el aumento de las listas de espera.

Sin embargo, Teresa Rosique indicó que el PP no se plantea la vía de otros ingresos que no sea el copago sanitario. No exige a Rajoy la supuesta deuda histórica que reclamaban a Zapatero, ni la financiación de los 450.000 murcianos que según decían eran invisibles para el gobierno socialista. "Han votado en la Asamblea en contra de la aplicación del Impuesto de Patrimonio a las grandes fortunas de la Región y de la aplicación de una tasa a los bancos y a las grandes superficies".

Por último, la diputada denunció que el PP ha impedido con sus votos, que la Asamblea reclame al Gobierno regional la elaboración de un Plan de Sostenibilidad de la Sanidad Pública Regional que garantizaría su universalidad, calidad y gratuidad y basado en el consenso social y político.