González Tovar gestiona ante el Comisionado la admisión de los 139 expedientes que llegaron mal tramitados

El delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, ha anunciado hoy que, en su reunión del pasado viernes, el Consejo de Ministros autorizó la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, dos de las cuales se refieren a gastos relacionados con los terremotos de Lorca, por importe de más de 17'3 millones de euros.

González Tovar ha añadido que 812.700,42 euros van destinados a financiar una ampliación de crédito en el Ministerio de Fomento para hacer efectivo el cincuenta por ciento de los gastos derivados de la reparación, rehabilitación y reconstrucción de las viviendas dañadas por los movimientos sísmicos acaecidos el pasado 11 de mayo en Lorca (Murcia), de conformidad con las ayudas aprobadas por el acta de la Comisión Mixta de 24 de agosto de 2011y según lo establecido en el Real Decreto Ley 6/2011 de 13 de mayo.

Asimismo, otros 16.584.542,24 euros son para financiar una ampliación de crédito en el Ministerio del Interior destinada a sufragar los gastos en que ha incurrido el ayuntamiento de Lorca por las actividades de emergencia realizadas en el municipio a consecuencia del terremoto acaecido en la citada población.

Por otra parte, el delegado del Gobierno ha recordado que con anterioridad ya se habían pagado en Lorca más de 3 millones de euros, mientras que cerca de 6 están aprobados y pendientes únicamente para su abono de su paso por Intervención, lo que supone que en pocos días ese dinero llegará a las empresas que han efectuado los trabajos, a las que desde la Delegación del Gobierno se está informando de esto.

Finalmente, González Tovar ha informado que está realizando gestiones ante el Comisionado del Gobierno para las actuaciones en Lorca a fin de que se tengan en cuenta las peticiones presentadas por 139 vecinos, las cuales fueron remitidas por el Ayuntamiento a la Delegación del Gobierno sin la correspondiente tramitación administrativa por parte de aquél.

La iniciativa pretende que la mala tramitación de las peticiones no perjudique a los interesados, por lo que sus peticiones se considerarían presentadas en plazo, aunque tendrían que ser devueltas al Ayuntamiento para que se subsanaran las deficiencias administrativas.