El fiscal le pide un año de prisión y ocho de inhabilitación; el próximo martes 18 de octubre será juzgado por delito urbanístico y prevaricación.

El alcalde del municipio, José Antonio Fernández Lladó, lleva siete años como imputado en una causa por corrupción urbanística en el año 2004, en la que permitió la construcción de un restaurante ilegal en el entorno de la Torre Vieja de El Paraje, declarado como Bien de Interés Cultural. Ante ello, el fiscal le pide un año de cárcel y ocho de inhabilitación política, y será juzgado el próximo martes 18 de octubre por la causa.

A día de hoy, el restaurante está construido y lleva funcionando varios años ilegalmente. Ya en su día, se rechazó dicho proyecto –que fue una obsesión de Lladó- por ser ilegal. Pero el alcalde no perdió en su empeño y dio el visto bueno a la construcción del restaurante. Lo que nos parece impresentable es que, siendo imputado por la justicia y pidiéndole un fiscal un año de cárcel, se haya vuelto a presentar en dos ocasiones más a las elecciones municipales.

En pleno, el PP aprobó en solitario la "subsanación de deficiencias de la modificación puntual de NNSS N° 12 esquina del Soto de los Pardos con el Camino de los Beltranes", con lo que modifica el Plan General siete años más tarde y con el juicio a falta de una semana. El alcalde solo piensa en aferrarse al cargo y ha retrasado este pleno ordinario –que debía haberse celebrado el 29 de septiembre- para poder llevar a pleno este asunto justo antes de ser juzgado en los Tribunales.

José Gabriel García Bernabé manifestó la necesidad de que haya un Plan General aprobado en nuestro municipio, e hizo mención al grupo socialista que tampoco lo aprobó en sus dos años de gobierno. A día de hoy, hay un proyecto redactado y un PGMOU aprobado provisionalmente, pero deben haber intereses ocultos que están retrasando su aprobación definitiva. A ellos no les importa, su único propósito es enriquecerse a costa de los alguaceños. Por lo pronto, podemos adelantar que "El Padrino" y el alcalde tendrán mucho en juego y protagonismo el día de su aprobación.

Además, el grupo Unidad por Alguazas se interesó por la imputación del alcalde a quien le pidió declaraciones y manifestaciones acerca del caso. Lladó, después de hacer un resumen de lo ocurrido sucesivamente, manifestó su inocencia –en la que no creemos, y debería dimitir del cargo- y dijo que se politizó el asunto y se paralizó el proceso de modificación del Plan General cuando en 2005 se hizo una moción de censura contra el gobierno popular.

De esta forma, el alcalde disimuló su imputación diciendo que él solo había impulsado el interés general y había paralizado las obras. Unidad por Alguazas manifiesta que "las obras no han sido paralizadas cuando el restaurante está construido ilegalmente y tampoco había ningún interés por parte de los vecinos de construirlo; sino que el interés quizás haya sido a beneficio de los implicados".