La ausencia normativa en el sector de los gimnasios, tanto a nivel nacional como autonómico, provoca una clara indefensión de los consumidores y usuarios de estos establecimientos deportivos. Esta situación ha dado lugar además una diversidad de condiciones en estos establecimientos a los que la ley no marca unos mínimos requisitos en su oferta de servicios, calidad y condiciones.

Excepto en lo que se refiere a las medidas higiénico-sanitario de estos establecimientos, servicio de emergencia y contra incendios; en el resto de factores (titulación de los profesionales, revisión de las maquinarias, riesgos para los usuarios, etc.) nos encontramos con una ausencia total de regulación y, por tanto, de garantías para los usuarios.

Los Profesionales

Si bien los títulos que habilitan para trabajar en uno de estos centros son la licenciatura en Educación Física o la Diplomatura de magisterio en la especialidad de Educación Física, en la práctica encontramos que la mayor parte cuenta con títulos federativos, no académicos, y que por tanto no necesariamente están homologados. Esta situación pone en riesgo la salud de los usuarios.

Tampoco hay una regulación que exija al usuario el pasar previamente un examen médico, que desde UCE-RM entendemos que sería recomendable a fin de ver la actividad deportiva que mejor se ajusta a sus condiciones físicas, y al objeto de evitar cualquier perjuicio derivado de la práctica de un ejercicio inadecuado.

Motivos de reclamación

Los principales motivos de reclamación relacionados con estos centros tienen que ver con la falta de la adecuada titulación o cualificación de los profesionales, cláusulas abusivas en los contratos (penalizaciones, exclusión o limitaciones a la responsabilidad, cesión de derechos de imagen), incumplimiento de la normativa de seguridad e higiene, información insuficiente, pagos de matrícula sin una contraprestación clara, insatisfacción de servicios recibido y ausencia de hojas de reclamaciones (a pesar de estar obligados a disponer de ellas).

UCE-RM exige para estos centros una regulación específica, que recoja al menos:

Exigir al usuario que acude por primera vez al centro un certificado médico, o que el propio establecimiento tuviese médico para ejecutarlo.

Un profesional del deporte titulado.

Un monitor en cada sala para vigilar que los practicantes hagan uso de los aparatos adecuadamente, para que no dañen su salud.

La obligación de realizar una puesta a punto de los nuevos usuarios con ejercicios cardiovasculares, al menos durante los dos primeros meses, para potenciar paulativamente el riego sanguíneo que les permita realizar, más adelante, ejercicios más pesado sin riesgo.

No permitir que los niños hagan uso de las instalaciones para, por ejemplo, hacer ejercicios de musculación, ya que ellos deben practiar otro tipo de ejercicio apropiado a su edad.

Que haya una información clara legible y en lugar visible sobre los horarios, los precios y los diversos servicios que ofrece el establecimiento.

Que se inspeccione periódicamente el funcionamiento d elos aparatos para comprobar su perfecto funcionamiento.

Que las instalaciones estén provistas de todas las medidas de seguridad reglamentarias exigidas para los recintos públicos, como extintores o salidas de emergencias homologadas y perfectamente indicadas.

Todos los gimnasios de uso público deben tener la consabida hoja de reclamaciones, cuya existencia debe estar visiblemente anunciada.

Que los gimnasios ofrecieran un seguro médico, aparte del obligado seguro a terceros.

Que contrataran con un gabinete médico que proporcionara consultas y primeros auxilios.

UCE-RM pone a disposición de los consumidores y usuarios el servicio de atención personalizada, a través de su OFICINA DE DEFENSA JURÍDICA (ODJ) en la dirección de correo electrónico oficinajuridica@ucemurcia.com, en el TELEFONO DEL CONSUMIDOR 902 929 819 y en su OFICINA REGIONAL, sita en calle Lorca, 1. 1° Izda.