IU-Verdes de Murcia ha presentado una moción al Pleno del próximo viernes, 22 de julio, por la que solicita la modificación del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) para calificar como no urbanizable los terrenos que se encuentran en la ladera del monasterio de La Fuensanta.
La portavoz de IU-Verdes en el ayuntamiento de la capital, Esther Herguedas, ha explicado que el objetivo de su moción es evitar la urbanización de la ladera de La Fuensanta, afectada por un proyecto de Plan Parcial que incluye la construcción de unas 1.300 viviendas en edificios de cuatro y cinco alturas.
Herguedas ha afirmado que su formación se opuso a la urbanización de esta zona durante el proceso de tramitación del PGMO, al igual que otras organizaciones, y ha asegurado que el ayuntamiento "no tiene en cuenta su importante valor ambiental, paisajístico y sentimental".
Para la edil, el PGMO, cuyo horizonte es el año 2025, liberó suelo para la construcción de viviendas para 1,5 millón de personas, el triple de las necesidades reales del municipio, por lo que, en su opinión, es "un proyecto fracasado".
Ha dicho que si ahora las más de cien modificaciones del Plan General han convertido suelo agrícola y productivo en urbanizable para beneficio de los especuladores, ya es hora de lo hagamos al revés y recuperemos suelos de alto valor ambiental para beneficio de la ciudadanía".
Además, ha recordado que la tramitación urbanística desarrollada en este caso es "irregular" por los graves defectos de forma que ha dado lugar al recurso contencioso administrativo presentado por Huermur pidiendo la nulidad de todas las actuaciones de planeamiento urbanístico allí desarrolladas.
Herguedas ha explicado que la principal propietaria de los terrenos afectados son el Obispado y el Cabildo de Murcia, propietarios del 37,67 por ciento del suelo; junto con Caja Murcia, a través de Summa Inmobiliaria, con el 9,09 por ciento, y la empresa Inverovide, que promueve el plan "a pesar de no tener más que el 13,29 por ciento".
"Esta última empresa presenta un proyecto firmado por el arquitecto Jesús Zafra, investigado por su presunta implicación en el caso Barraca por ser socio de Sandra de la Puente, mujer del exjefe de Planeamiento e imputado Joaquín Peñalver, que informa en la primera parte de este irregular proceso urbanístico".
