El presidente de la Comunidad pide la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración central y la Región de Murcia para evitar la pérdida de puestos de trabajo y de servicios a las pymes
El presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, propuso hoy, durante su reunión con las tres Cámaras Oficiales de Comercio de la Región, un pacto para acabar con la "incertidumbre" que genera la Ley de Cámaras del Gobierno de Zapatero.
El jefe del Ejecutivo murciano anunció la solicitud por parte del Gobierno regional de una Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración central y la Región de Murcia con el objetivo de buscar una solución dialogada "a la incertidumbre que genera la nueva normativa estatal que regula la actividad de las Cámaras de Comercio".
Murcia es la primera comunidad autónoma que solicita la creación de esta Comisión con el fin de analizar las consecuencias que, sobre el ejercicio de las funciones público-administrativas de los entes camerales, suponen las modificaciones legislativas realizadas.
Esta nueva regulación, indicó el presidente "podría generar la pérdida de puestos de trabajo, así como que las pequeñas y las medianas empresas se viesen privadas de los servicios que prestan como apoyo a la internacionalización, asesoramiento y formación empresarial".
Valcárcel afirmó que el Gobierno regional pide lo que realmente tenía que haberse realizado desde el Gobierno de España antes de modificar la norma de forma unilateral. "Es decir, una Comisión para negociar, analizar, pactar y buscar las mejores opciones para el conjunto de la sociedad", remarcó.
La solicitud de esta Comisión es una posibilidad que establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para buscar soluciones a modificaciones que pueden ser consideradas inconstitucionales.
Recurso de inconstitucionalidad
De hecho, desde el Gobierno regional se plantea la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 13/2010 si el Gobierno de España no acepta la creación de esta Comisión.
Esta norma modifica el normal desarrollo de las funciones público-administrativas que hasta ahora han venido desarrollando las Cámaras de Comercio, puesto que se mantiene su naturaleza jurídica como Corporaciones de Derecho Público, así como sus fines y funciones, sin que se garantice una financiación pública suficiente por parte del Gobierno central para el ejercicio efectivo de las mismas.
"El Gobierno de Zapatero vuelve a aplicar la política del 'yo invito y tú pagas' con algo tan serio como son estas instituciones de derecho público", afirmó el presidente, quien apuntó que, "se puede llegar a soluciones que las propias Cámaras de comercio han planteado, que favorezcan a las pymes y demuestren la confianza, seriedad y el rigor que necesitan".
Valcárcel concluyó que, de nuevo, el Gobierno central, "en un ejercicio de irresponsabilidad y de huída hacia no se sabe dónde y sin estudiar ni analizar las consecuencias sobre el empleo y las pymes, la internacionalización o los derechos adquiridos, vuelve a crear nuevas normas". Por eso, concluyó, "queremos poner fin a esta improvisación con diálogo, rigor y análisis, para contribuir a generar empleo y riqueza, y no dudas, cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo".
