UPyD dice que el nuevo aumento del paro en febrero obliga a reaccionar al Gobierno regional

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El hecho de que sea la Comunidad Autónoma que encabeza el incremento en el último mes y una de las de mayor paro, denota de forma singular la gravedad de la crisis en la Región

UPyD muestra su preocupación que el hecho de que el paro  haya aumentado en la Región de Murcia en más de un 2,71% % el pasado mes, encabezando  el incremento del paro de todas las Comunidades Autónomas con una cifra de 3.612.

Para su coordinador regional, Rafael Sánchez, “es un claro síntoma de la fragilidad del modelo productivo establecido en la Región durante los últimos años”. Sánchez cree que un 25 % de paro es inasumible y ha pedido al Presidente Valcárcel que reaccione y convoque a los agentes sociales para adoptar medidas que puedan activar la economía más rápidamente y frenen  la tendencia destructiva de empleo. Por otra parte, Sánchez ha cuestionado la utilidad de la Reforma Laboral.

Sánchez apuntó que “estos datos de desempleo en la Región, junto con la situación de crisis en las finanzas regionales que ha llevado a la  injusta Ley de Medidas Extraordinarias, y el crecimiento desbocado del déficit en el último trimestre, apuntan a la deficiente gestión que ha realizado el Gobierno regional”.

UPyD  considera que se debe ir hacia un modelo económico que apueste por la sostenibilidad, la diversificación de las actividades económicas, y por las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y las cooperativas. UPyD demanda inversiones en los sectores industrial y educativo, y para la consolidación de un  turismo de mayor  calidad apoyado en la puesta en valor del patrimonio artístico, cultural y natural. Cree que se deben adoptar medidas que faciliten la creación de empresas, tales como la disminución de las trabas administrativas y los pasos necesarios al respecto o la rebaja inicial de algunos impuestos para las pequeñas y medianas empresas que empiecen su actividad.

Sánchez también recordó que UPyD viene reclamando una mayor cohesión y capacidad para el Estado para poder adoptar medidas económicas que puedan asegurar la máxima igualdad posible entre todos los territorios y para todos los ciudadanos “algo por lo que ni el PSOE ni el PP apuestan de forma decidida”, concluyó.

 

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