Carlos Martínez Gorriarán, responsable de Programa y Acción Política del Consejo de Dirección de UPyD, impartió en la tarde de ayer una conferencia en la Universidad de Murcia, en la que bajo el título “España, un país en doble crisis”, analizó un contexto político, el español, que bajo su punto de vista ha sido el peor posible desde el que nuestro país podía afrontar la crisis económica. Una crisis política que precede a la económica, y que para el profesor de la Universidad del País Vasco tiene su origen en la Constitución de 1978, y en lo que calificó como una serie de “bombas de tiempo” contenidas en aquel texto que han acabo saltando por los aires.
Para empezar, la Constitución no definió una cuestión fundamental: qué es España en lo que concierne a su articulación territorial. Para el profesor, es difícil responder a la pregunta ¿qué es lo que somos?, ya que nuestro país manifiesta rasgos tanto federales como confederales; un híbrido en el que además se dan cabida privilegios como los conciertos económicos especiales para Comunidades como País Vasco y Navarra. La actual Constitución, añadió, tampoco salvaguardó la independencia del poder judicial, ni definió claramente qué competencias estatales eran indelegables, lo que ha traído consigo que las Comunidades Autónomas asumieran competencias que no les correspondían y que no ofrecían un mejor servicio a la ciudadanía por una administración más próxima.
A todo esto se añade una ley electoral injusta que acabó favoreciendo a los nacionalistas por la característica concentración territorial de su voto, así como a los grandes partidos, PP y PSOE, que han acabado a su vez convirtiéndose en “secciones autonómicas de los partidos antaño nacionales”, una estrategia que usan, afirmó Gorriarán, para perpetuarse en el poder en aquellas regiones donde gobiernan: "los Gobiernos autonómicos juegan a ser un Robin Hood que acude a Madrid para saquear y volver con el botín", afirmó.
Martínez Gorriarán presentó las propuestas de UPyD para revertir a la actual situación de crisis política y económica, para empezar, unas Comunidades Autónomas con una responsabilidad fiscal que implique que puedan recaudar para sus gastos e inversiones (actualmente, son responsables del 50 por ciento del gasto del conjunto del Estado, pero no de su recaudación, que pertenece al Estado), ostentando a su vez aquellas competencias que mejor puedan gestionar, y llevando a cabo unas finanzas menos opacas.
Gorriarán abogó por un cambio de la ley electoral para terminar con “las políticas del chantaje territorial permanente al Estado” y por una reforma constitucional que acabe con los privilegios territoriales (una fiscalidad común para todas las CCAA) y que delimite competencias indelegables para el Estado, como la sanidad y la educación. Para el profesor, esta reforma política es inevitable para salir de la crisis y regenerar una democracia y “una ciudadanía democrática que es, ante todo, la superación del nacionalismo”.
