UPyD emplaza al Gobierno Regional a seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas

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Considera que se debe modificar el marco legal para que las Comunidades Autónomas tengan la obligación de informar regularmente sobre la ejecución de sus cuentas

El coordinador regional de UPyD y candidato a la Asamblea Regional, Rafael Sánchez, ha manifestado que el Gobierno Regional debe tomar nota de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a los años 2004 y 2005, conocidas ayer, en las que se le recomienda que revise el mantenimiento de la inversión en las sociedades mercantiles autonómicas,"recurrentemente deficitarias", y que mejore mejora de la gestión de subvenciones y contratos.

Aunque el informe se refiere a las cuentas de hace cinco años,  Sánchez considera “que queda claro que la gestión de los gastos públicos ya era deficitaria y mejorable, incluso en los años  de bonanza en los que se crecía intensamente en la Región” Se ha hecho una gestión en la que no ha primado ni el control ni la suficiente previsión y austeridad para no sobredimensionar la administración pública regional con organismos y sociedades  de dudada utilidad, pero de coste muy importante.

Además, Sánchez señaló que, “el hecho de que en el informe se mencione la conveniencia de  incluir los consorcios autonómicos en el ámbito subjetivo de control interno de la Intervención General de la Comunidad y mejorar los procedimientos de gestión en la concesión y seguimiento de las subvenciones y en la celebración de contratos, viene a confirmar  la necesidad  de  las medidas propuestas  por UPyD en el sentido de modificar el marco legal para la obligatoriedad de la entrega de cuentas y la ejecución de presupuestos al Gobierno Central desde  las Comunidades Autónomas. El Tribunal  de Cuentas hace recomendaciones, pero es el Estado, a través del Gobierno central, el que debería disponer de la capacidad legal para convertir esas recomendaciones en obligaciones.

“Carece de sentido”, añadió Sánchez, “que el Gobierno de España tenga que responder ante la UE sobre sus decisiones y se tenga que vincular forzosamente a sus preceptos en   materia económica y que, en cambio, las Comunidades Autónomas no tengan las misma obligación en relación al Estado”, concluyó.

 

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