El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, exigió hoy al Gobierno central mayor claridad y definición sobre la financiación de la nueva prestación de 350 euros, que "pretende sustituir a la actual ayuda de 420 euros para aquellos parados que han agotado todas sus prestaciones". A su juicio, "la eliminación de esta prestación sería un gravísimo error, teniendo en cuenta las dificultades que están atravesando tantos desempleados, a los que se les quitaría esta cobertura social".
Sotoca señaló que el documento enviado por el Ministerio a las comunidades, y que será debatido el lunes en Conferencia Sectorial, propone la sustitución de la actual prestación de los 420 euros por otra inferior que estaría vinculada a la formación. Sin embargo, el Ministerio "no aclara con qué recursos económicos cuenta la medida ni quién debe asumir el coste que supondrá la aplicación de la nueva prestación", añadió.
Para el titular de Empleo, "si lo que pretende el Gobierno central es que las comunidades asuman, una vez más, la financiación de las medidas que ellos mismos ponen en marcha, deberían considerar la incoherencia que supone incrementar los gastos del Gobierno regional cuando se nos está exigiendo un estricto control del déficit.
Por otro lado, dijo Sotoca, "si lo que quieren es que se destinen fondos de formación para el empleo al pago de esta nueva prestación, deberían tener en cuenta la gran cantidad de desempleados que ya no tendrían acceso a la formación, imprescindible para reincorporarse cuanto antes al mercado de trabajo, una prioridad absoluta, teniendo en cuenta que son más de cuatro millones de desempleados los que hay actualmente en el país", dijo el consejero.
Sotoca recordó que "se está haciendo un esfuerzo muy importante desde el Gobierno regional para incrementar el presupuesto destinado a la formación de los desempleados, y para consolidarla como lo que debe ser, una vía real de inserción laboral. Sin embargo, dijo el consejero, "de llevarse a cabo esta propuesta y asociar la prestación económica al desarrollo de acciones formativas, la propia formación dejaría de ser un revulsivo para los desempleados, que verían en ella un atractivo económico y no tanto formativo y de recualificación".
