El pasado 21 de diciembre, el Partido Popular murciano presentaba a la mesa de la Asamblea Regional una proposición de ley de «medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas» que ataca a los empleados públicos regionales.

La justificación ofrecida por el PP para la puesta en marcha de estas medidas es la reducción del déficit público y los problemas de liquidez, justificaciones idénticas a las expuestas por el gobierno de España para los recortes y reformas que venimos sufriendo.

La tarde del 22 de diciembre, la práctica totalidad de los sindicatos de la función pública convocaron una concentración frente a la iglesia de san Bartolomé, donde el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, recibía de la Cadena SER el premio al “Murciano de año”. La SER suspendió el acto ante la marea de gente congregada, entre la que se destacaba una pancarta que definía la opinión de los manifestantes sobre el premio «Valcárcel, fascista del año». Varios miles de personas asistieron a la convocatoria, que tuvo algunos incidentes menores, hinchados por el PP y los medios de comunicación para desviar la atención sobre las medidas aprobadas. No pudieron.

Al día siguiente, estaba previsto que se aprobara la proposición de ley en la Asamblea Regional, situada en Cartagena. Un torrente de trabajadores convocados por los sindicatos hizo acto de presencia en una mañana de gran combatividad y unidad, contestada con numerosas cargas policiales, detenidos y trabajadores heridos.

El Partido Popular maniobró para evitar las protestas, aprobando en dos días uno de los ataques más duros sufridos por los trabajadores murcianos (que retrotrae los derechos de los empleados públicos regionales a los años 80), y en unas fechas que dificultaban la movilización.

Las medidas finalmente aprobadas por mayoría absoluta en la Asamblea Regional son:

-          Incremento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas.

-          Las actividades formativas no serán computables para la jornada laboral y se reduce desde el primer día un 25 % el sueldo de los trabajadores con baja médica.

-          Los permisos por enfermedad o fallecimiento de familiares se computarán como días naturales, en lugar de hábiles.

-          Congelación de la oferta de empleo público y eliminación de interinos.

-          «Redistribución de efectivos»: se movilizará al personal al lugar establecido por cada consejería y se le podrá trasladar a lugares distintos de los de su destino.

-          Suspensión de los aumentos salariales acordados con los sindicatos.

-          Bajada de sueldo al personal sanitario y al personal docente no universitario (en este último caso, una enmienda de última hora, provocada por la enorme movilización, establece una reducción de 75 euros, frente a los 175 proyectados).

-          Recortes en diversos complementos al personal sanitario.

-          Reducción de la aportación a la Universidad Pública.

-          Reducción de un 70 por ciento de los entes públicos regionales. Reducción de un 80 por ciento de la aportación a la televisión pública regional, sin descartar la entrada de capital privado en ésta.

Este brutal ataque no repercute únicamente en los empleados públicos regionales, que ven reducidas sus condiciones laborales, sino que ataca en primer lugar a los servicios públicos regionales y en algún caso abre la puerta a su privatización, ante la escasa financiación recibida de la Región. Así pues, dos consecuencias se derivan de estas propuestas: por un lado, la merma de calidad y capacidad de los servicios públicos; y, por otro, el aumento del desempleo en este sector, que se cebará en la juventud.

Este ataque supone un “suma y sigue” en la reducción de las condiciones de vida de los trabajadores a través de las reformas y recortes aprobados por el Gobierno de España:

-          Vuelve a subir el número de personas paradas. Con 459 personas más en el paro en noviembre en nuestra Región, la cifra total se sitúa en 129.202.

-          Aumento de la temporalidad. En noviembre, más del 90 por ciento de los nuevos contratos eran temporales

-          Retirada de los 426 euros a los parados carentes de prestaciones, lo que condena a la exclusión social y la pobreza extrema a numerosos trabajadores.

-          Reforma laboral regresiva, que está provocando ya un alto coste social.

-          Privatización paulatina de sectores públicos, desde los ferrocarriles hasta la sanidad y la educación. En las últimas fechas, AENA y Loterías y Apuestas del Estado.

-          Ejecuciones judiciales sobre la vivienda, por incapacidad para pagar la hipoteca, lo que está dejando a miles de trabajadores sin lugar donde vivir y atados a hipotecas draconianas.

-          En 2011, pretenden aprobar el retraso de la edad de jubilación y el aumento del periodo de cálculo para su cobro.

Es obvio que debemos recuperar la solidaridad entre los trabajadores. El PSOE a nivel del Estado, y el PP en nuestra Región, atacan los derechos del conjunto de los trabajadores, de modo que nuestra respuesta debe ser unitaria, clara y firme, proporcional a la magnitud de la agresión que estamos sufriendo.

El miércoles 29 de diciembre a las 18 horas, en la Plaza de la Fuensanta, vuelven las movilizaciones frente al ataque terrorista aprobado por la Asamblea regional. Es necesario mantener una movilización sostenida frente a los ataques de los gobiernos y de las 1400 familias que, en España, controlan el 80 por ciento de la riqueza y, a la vista está, también el poder político.