La Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia y sus federaciones regionales de Servicios Públicos (FSP) y de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), muestran su absoluto, frontal y permanente rechazo a la batería de medidas que el PP de la Región de Murcia, con la instigación y complicidad del Gobierno Regional, ha presentado en la mañana de hoy a través de una proposición de ley en la Asamblea Regional, en la que se castiga injustificadamente a unas víctimas de la situación de crisis, los trabajadores del sector público regional, y que perjudica a todos los ciudadanos de la Región de Murcia que sufrirán el deterioro de los servicios públicos. Situación, que ha sido provocada, entre otros, por los propios gestores de esa Administración pública Regional.

Tras la incapacidad de los gestores públicos para buscar una salida equilibrada a esta persistente situación de crisis, el PP en la Región y el Gobierno Regional reinciden nuevamente en reprender a las 55.000 familias de los empleados públicos de todos los sectores de la Administración Regional, sanidad, educación y administración general y servicios. Según el PP, para conseguir un recorte de presupuesto de 300 millones de euros, la propuesta pasa por la suspensión de múltiples acuerdos suscritos con dichos trabajadores. Esta propuesta, que sin duda producirá un importante empeoramiento de la situación laboral de tantos miles de empleados, provocará, además, una fuerte contracción de la demanda en la Región y una merma en la calidad de los servicios públicos.

Utilizando un procedimiento excepcional y extraordinario en unas fechas como las actuales, y con la finalidad de evitar la información, negociación y dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico de la Región, y de espaldas a los representantes de los trabajadores, el Gobierno Regional ha elaborado y entregado al Grupo Parlamentario Popular una proposición de ley que anula gran cantidad de acuerdos por aquél suscritos (muchos de ellos en plena situación de crisis, por lo que aún menos sentido tienen ahora estas anulaciones) en materia retributiva de los últimos años, ha exterminado partes importantes de la acción social a los empleados públicos de nuestra Región y ha suprimido la práctica totalidad de los derechos sindicales que las organizaciones representantes de los trabajadores disponían para el asesoramiento, acompañamiento, defensa y promoción de los derechos de los empleados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

UGT y sus organizaciones sectoriales, además de manifestar el absoluto rechazo a tales medidas injustas, desproporcionadas e inútiles para solventar la situación de crisis, exige a los gestores públicos de la Comunidad de Murcia de los últimos años, las responsabilidades a que haya lugar por la ineficiente gestión llevada a cabo durante ese tiempo hasta hoy.

A modo de ejemplo, citamos:

Un importante descontrol del gasto público, ineficaz para la creación de empleo y para la dinamización de la economía.

unas transferencias en materia de sanidad y educación muy mal negociadas, aceptadas y gestionadas.

un desbocado e ingobernable gasto público, especialmente en materia farmacéutica y de conciertos con empresas y entidades privadas.

un innecesario y excesivo gasto en publicidad, en fórmula 1, en festivales, citas culturales extravagantes, propaganda, autobombo y estudios y trabajos técnicos, asistencias técnicas injustificadas y gastos de representación.

un exceso de personal eventual de los gabinetes de los consejeros, y un largo etcétera.

La Unión General de Trabajadores considera esta proposición de ley un fruto de la incapacidad de los actuales responsables regionales para remontar la situación de crisis; un castigo al empleado público y a sus 55.000 familias; considera que las medidas son a respuesta de un Gobierno que trata de tapar sus vergüenzas de ineficacia en la gestión pública.

Y solicita a los Diputados regionales el voto en contra a una proposición de ley, de especial dureza, como no se había visto otra en España contra el empleo púbico, la inmediata convocatoria de la Mesa General de Negociación, y el llamamiento al resto de centrales sindicales para el ejercicio conjunto de a correspondientes acciones contra estas tan perjudiciales y regresivas medidas para el empleo público, para la Administración pública y para la sociedad murciana en general.