El Área Pública de CCOO expresa su indignación más clara y su protesta rotunda frente a la Proposición de Ley de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, presentada por el Partido Popular. Se trata de una decisión política a espaldas de los representantes de los trabajadores, sin previa negociación ni posibilidad de acuerdo. A imitación de las prácticas del gobierno central pretende ejercer por la vía del decretazo una presión injustificable sobre los trabajadores del sector público, haciéndoles responsables y paganos de una situación económica de la que en modo alguno son culpables.

La incapacidad del gobierno regional para realizar ajustes económicos a lo largo de 2010, al tiempo que organiza derroches del tipo Manifiesta 8 y otros No typical la pagan ahora los trabajadores públicos. Las medidas han sido difundidas desde la más absoluta cobardía política, mediante una  cadena de amagos lanzados a los medios de comunicación a lo largo de semanas ante los que se hace imposible ejecutar una respuesta organizada. Más aún, se trata de un ataque frontal a la negociación colectiva amparada por el artículo 37 de la Constitución, que ha sido un instrumento de consenso entre organizaciones sindicales y administración durante años en nuestra región.

El atraco planificado a las condiciones laborales de miles de empleados públicos de la región murciana significa el empobrecimiento de estos a costa de las políticas de despilfarro e improvisación del Partido Popular en el gobierno. Más de una década de supuesto crecimiento espectacular se derrumba como un castillo de naipes, demostrando que la economía de esta región ha estado en manos de especuladores que se retiran con los bolsillos llenos para dejar la deuda de la crisis en forma de desempleo y recortes laborales.

Esta proposición de Ley añade nuevos recortes salariales a los ya establecidos ha raíz del Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de mayo. Del mismo modo, anula derechos retributivos consolidados y otros en vías de cobro tras varios aplazamientos. Pero inciden también en horarios y carga de trabajo, horas extraordinarias, prestaciones sociales, Plan de Acción Social, etc.

Dos consecuencias directas se derivan de las medidas propuestas. Por una lado, la inevitable merma en la capacidad y la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía. El Partido Popular mantiene con cinismo que es posible reducir recursos y mejorar las prestaciones de los servicio públicos. Por otro lado, tal desmantelamiento en el sector público solo puede provocar desempleo en este sector, que se cebará principalmente en el colectivo de jóvenes.

El Área Pública de CCOO va a movilizar a todos los empleados públicos de la Región para que nadie deje de ser consciente de la gravedad de las medidas propuestas. Simultáneamente  ponemos en marcha las acciones jurídicas encaminadas a detener esta barbaridad contra los empleados públicos.