La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, y la presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, María Luisa Carcedo, suscribieron hoy un convenio que convertirá a la Región de Murcia en la primera comunidad autónoma en disponer de auditores propios para gestionar y auditar la calidad en sus servicios.
En concreto, el acuerdo posibilita la formación de unos 150 empleados públicos de la Comunidad Autónoma como expertos en calidad, de los que al menos 50 serán específicamente auditores.
Estos empleados públicos, una vez obtenida la titulación necesaria, se encargarán de evaluar de forma permanente la aplicación de medidas de calidad dentro de la Administración Pública regional, y podrán formar a otros para la efectiva implantación de sistemas de gestión basados en la excelencia.
Ahorro de costes
La formación de estos empleados permitirá un importante ahorro de costes, al no tener que recurrir a auditorías externas para evaluar la aplicación de las políticas de excelencia en los centros de trabajo de la Comunidad, especialmente los educativos.
Este convenio con la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad, cuya duración es de tres años, y que se enmarca en las acciones para la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma que impulsa el Gobierno regional a través del Plan de Calidad y Modernización, prevé desarrollar actividades conjuntas para la gestión de la calidad, la aplicación de políticas de excelencia en la Administración, la realización de estudios comparativos y la evaluación de programas y políticas públicas.
Esta línea de colaboración se corresponde con el desarrollo de la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas que promueve la excelencia y la innovación en la prestación de los servicios públicos.
La evaluación de las intervenciones públicas es uno de los instrumentos clave dentro del principio de 'buen Gobierno' para promover la transparencia, eficiencia, participación y rendición de cuentas que las diversas administraciones deben desarrollar, con mayor esfuerzo y cooperación en los contextos sociales y económicos actuales.
