Contra la Reforma Laboral que abarata y facilita el despido.

Contra la futura Reforma de las Pensiones.

Por el reparto del trabajo y la riqueza.

¿QUÉ ES UNA HUELGA DE CONSUMO?

Es un nuevo tipo de movilización, en el que puede participar el conjunto de la población: personas con empleo, ya sean autónomas o asalariadas, paradas, amas de casa, estudiantes, jubiladas… Es básicamente, un día sin compras. Se trataría de no adquirir ningún tipo de bien, producto o servicio durante el próximo 21 de diciembre, con el objetivo de llamar la atención sobre el sistema productivo y presionar a los "gobernantes de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) para que corrijan su actual política económica insostenible y antisocial que maltrata, desprecia y despoja a todos los colectivos desfavorecidos mientras garantiza los exagerados beneficios de los bancos y las grandes empresas.

La Huelga de Consumo implica, también, replantearse el sistema productivo que padecemos. Implica una reflexión muy crítica sobre los hábitos y tipo de vida que tenemos, cómo actuamos, qué pensamos, para qué trabajamos, qué sentido tiene la propiedad, en qué gastamos lo que ganamos... Implica una apuesta por la austeridad, una apuesta por el reparto del trabajo y la riqueza, una apuesta por el decrecimiento, contra la ostentación, el lujo, el derroche, lo superfluo... Significa cambiar el orden de prioridades sobre lo que se debe seguir produciendo, en qué sectores seguir creciendo y en qué sectores es necesario decrecer, una reflexión sobre lo que se debe consumir, sobre la calidad de vida, sobre la soberanía alimentaria, sobre la procedencia de los productos que comemos, sobre la solidaridad con los países y personas explotadas por el primer mundo, sobre la necesidad de reciclar, de compartir, de apoyarnos mutuamente, sobre el tipo de energía renovable que hay que potenciar...

Hace varios años que venimos sufriendo las consecuencias de la crisis. Los diferentes gobiernos, independientemente del color político, han puesto en marcha una serie de medidas que suponen un retroceso en materia de derechos laborales y sociales. El objetivo de dichos recortes, dicen, es corregir el déficit existente provocado por el elevado gasto público. Pero el problema del déficit radica en la falta de ingresos y no en el exceso de gastos.

Durante los últimos tiempos hemos asistido a la privatización de grandes empresas en sectores estratégicos como el energético, las telecomunicaciones, los transportes y paulatinamente también la educación, la sanidad, los servicios sociales, etc. También hemos podido ver cómo aumenta la privatización de las pensiones con el fomento constante de los planes privados de jubilación. Si al proceso generalizado de privatizaciones le añadimos la continua reducción de impuestos a las clases adineradas, el elevado fraude fiscal y la pérdida de poder adquisitivo debido a la reducción de los salarios, vemos que grandes cantidades de dinero han pasado de manos públicas a manos privadas.

El capitalismo salvaje y sin control, obedeciendo a su lógica de máximo rendimiento, ha seguido buscando el beneficio ilimitado, usando ese excedente de capital en la concesión de créditos sin medida a las clases medias y populares para que pudieran seguir consumiendo los productos que genera el propio sistema, creando una espiral consumista hasta llegar al colapso.

Al estallar la crisis el gobierno apoya a los bancos, culpables de la burbuja inmobiliaria y colaboradores en el endeudamiento alocado de buena parte de la población, con ingentes cantidades de dinero, sin pedirles nada a cambio y aumentando el déficit, ya que el Estado ha de pedir prestado también ese dinero.

Al mismo tiempo que se sostiene a los bancos y se sigue permitiendo la libre actuación de los especuladores que se enriquecieron mientras provocaban el desastre, los gobiernos están poniendo en marcha unas medidas que perjudican a la mayoría de la población y, especialmente a sus sectores más desfavorecidos.

Con las medidas de ajuste para reducir el déficit público se congelaron las pensiones, se redujo el sueldo al personal empleado público, desaparece el cheque bebé para 2011, se recorta la ayuda al desarrollo…

Modificaron el Estatuto de los Trabajadores con una Reforma Laboral que facilita y abarata el despido, favorece los contratos basura, permite que, sin acuerdo, las empresas puedan modificar las condiciones pactadas en convenio, dejando en papel mojado la negociación colectiva, permite la entrada de las ETTs en las Administraciones Públicas y en profesiones consideradas peligrosas, culpabiliza a las personas paradas de su situación endureciendo las condiciones para cobrar la prestación…

Ahora pretenden, con la próxima Reforma de las Pensiones, atrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, disminuir la cuantía de las pensiones, aumentando los años para calcular el importe de la pensión, y aumentar el mínimo de años trabajados para acceder a una pensión, con lo que menos personas podrán disfrutarla.

Y ya están preparando nuevas medidas de recorte y privatización de los servicios públicos. La Sanidad es el nuevo objetivo, con ideas como el copago, la gestión privada de hospitales y centros de salud o la restricción en los medicamentos.

Estas son las medidas que el gobierno está imponiendo para paliar una crisis de la cual no somos responsables, convirtiendo en villanos a las víctimas, culpando a las personas trabajadoras, a las pensionistas, a las enfermas, a las dependientes, a las jóvenes, a niños y niñas…

Los recursos e infraestructuras necesarias para hacer posible que la población tenga cubiertas las necesidades básicas no pueden estar gestionados por quienes sólo buscan su beneficio privado. Ya hemos visto a qué nos ha llevado. Es necesario un nuevo modelo social y productivo basado en la libertad, la justicia social, la solidaridad y la sostenibilidad.

Si la causa principal de la crisis es la acumulación de la riqueza, resulta lógico que la solución se encamine hacia un mejor reparto de la misma, repartiendo también el trabajo para que puedan trabajar todas las personas, reduciendo para ello la jornada laboral sin disminución de salario, eliminando las horas extraordinarias y los destajos y adelantando la edad de jubilación.

Y repartir la riqueza, entendiéndolo no como reparto de acciones o dividendos entre la población, sino empleando ese dinero en unos servicios públicos de calidad y con carácter universal para que podamos disfrutarlos las y los que realmente producimos dicha riqueza.

Junto a la crisis social, el sistema económico está teniendo consecuencias nefastas para nuestro medio ambiente: el "tsunami" urbanizador, los cultivos transgénicos, el exagerado número de autovías, un parque automovilístico en expansión continua o el consumo energético intensivo. Todo ello implica el incumplimiento del Protocolo de Kioto, el deterioro irremisible de bienes escasos, como el suelo fértil, y problemas como que la mitad de la población respire aire contaminado, la sobre-explotación de recursos hídricos, o que la anchoa, el atún rojo, el urogallo o el oso pardo estén en situación crítica.

Necesitamos reducir nuestro consumo de materia y energía para acoplarlos, con criterios de justicia social, a los recursos existentes. Es urgente aplicar medidas para satisfacer nuestras necesidades con bajas o nulas emisiones de carbono, sin eliminar al resto de seres vivos con los que convivimos, que son básicos para nuestra subsistencia. Sin hipotecar el futuro del planeta y de las próximas generaciones.

Por todo ello llamamos, el 21 de diciembre, a participar en esta huelga de consumo. Nos negamos a pensar que este es el mejor de los mundos posibles y hacemos un llamamiento para cambiarlo.