El portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea regional, José Antonio Pujante, ha dicho hoy que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2011 "no sirve para corregir las desigualdades sociales" y supone "un nuevo fracaso de las políticas especulativas de la derecha en la Región".

Pujante hacía estas declaraciones tras recibir de manos de la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, los presupuestos para el próximo año, cuyo montante total asciende a 4.800 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,2 por ciento respecto al presente ejercicio.

Para el dirigente de izquierdas, el incremento que sufre la partida destinada a política social es "insuficiente" ante el aumento de personas en situación de desempleo y exclusión, y no sirve para evitar la agudización de las carencias sociales de determinados sectores de la población.

Ha indicado que la bajada del gasto incluida en los presupuestos conllevará además un deterioro de los servicios públicos, como la educación y la sanidad, al tiempo que ha asegurado que si el recorte presupuestario de 2010 fue "muy duro", el del próximo año "aumentará mucho más la desigualdad social".

También criticó que el Ejecutivo regional tenga previsto recurrir a la fórmula del pago aplazado porque ésta implica extender el pago en el tiempo y un aumento de los intereses de la deuda, lo que dará lugar a un mayor déficit público, algo que "paradójicamente" es lo contrario a lo defendido por el PP en España.

En este sentido, Pujante ha apostado por el incremento del gasto público para estimular la economía y generar empleo, siempre bajo el principio de austeridad, "que no tiene ser aplicado sólo en época de crisis, sino que debe ser un valor innato a las administraciones públicas en cualquier situación económica".

Ha reprobado también la política fiscal del Gobierno regional para los presupuestos de 2011, al considerar que “no profundiza en una mayor progresividad fiscal para que paguen más las rentas más altas y se beneficien los que menos ganan”.

Por ello, el parlamentario de IU propone una nueva política fiscal que implique la creación de impuestos para cajas de ahorros, bancos, y grandes superficies comerciales; la aplicación "efectiva" del impuesto de Sucesiones y Donaciones, y la elaboración de un libro blanco sobre la economía sumergida acompañado de un plan de lucha contra la misma.

A su juicio, todo esto, unido a criterios de eficiencia y austeridad en la administración pública; la reducción del gasto corriente y del número de fundaciones, y la aplicación de impuestos medioambientales, podría reportar unos ingresos a las arcas regionales de unos 400 millones de euros al año para destinar a la creación de empleo.