El despliegue de la nueva oficina, un paso fundamental en el proceso de modernización de la Administración de Justicia, proseguirá en Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado esta mañana, durante un desayuno informativo, que el despliegue de la Oficina Judicial en Burgos y Murcia va a realizarse durante los primeros días de noviembre. Estas dos ciudades integran la primera fase del Plan de Implantación de la Oficina Judicial del Ministerio, que se completará con el próximo lanzamiento en Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.

Con este anuncio, el Ministerio de Justicia hace efectiva la entrada en funcionamiento de las primeras Oficinas Judiciales, diseñadas para mejorar la eficacia, la eficiencia y la transparencia de la Administración de Justicia.

El lanzamiento oficial de la Oficina Judicial en ambas ciudades tendrá lugar en los días previos al despliegue, en el marco de una visita institucional con la presencia de altos cargos del Ministerio de Justicia y de las principales autoridades locales. En el caso de Burgos, la Oficina Judicial se implantará, en una primera fase, en los órganos unipersonales de la ciudad, implicando a más de 260 funcionarios, entre secretarios judiciales, gestores, tramitadores y funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. En el caso de Murcia, más de 250 funcionarios participan en el nuevo modelo de Oficina Judicial que, en esta ciudad, incorpora únicamente los órganos unipersonales y colegiados de lo Contencioso-Administrativo y Social y los Juzgados de lo Penal.

Anticipándose a la entrada en funcionamiento de la Oficina Judicial en Burgos y Murcia, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un Plan de Despliegue, así como un Plan Integral de Gestión del Cambio para facilitar la transición al nuevo modelo organizativo. Este Plan incluye actuaciones en materia de formación, divulgación y sensibilización con profesionales y ciudadanía.

La Oficina Judicial

La entrada en vigor el 4 de mayo de 2010 de la reforma de las leyes procesales (Ley 13/2009, de 3 de noviembre) ha supuesto el comienzo del despliegue de la Oficina Judicial, el sistema de organización de los medios personales, materiales y tecnológicos al servicio de la Administración de Justicia que sustituye al actual modelo organizativo de juzgados y tribunales.

La Oficina Judicial se apoya en las nuevas tecnologías para funcionar con criterios de agilidad, transparencia, eficacia, eficiencia en la racionalización del trabajo, optimización de los recursos, responsabilidad por la gestión y coordinación entre Administraciones. Su puesta en marcha es el motor de cambio del proceso de modernización emprendido por el Ministerio de Justicia para ofrecer un servicio público de calidad.

La implantación de la Oficina Judicial es uno de los objetivos del Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia 2009-2012, aprobado por el Gobierno el 18 de septiembre de 2009, que contiene el conjunto de medidas encaminadas a transformar, en los próximos 3 años, este servicio público.

Una organización más racional y eficiente

La nueva distribución de competencias entre el juez y el magistrado y los secretarios judiciales, y la atribución de nuevas competencias procesales a éstos últimos, constituye la base para definir la estructura de las Oficinas Judiciales, integradas por las Unidades Procesales de Apoyo Directo y los Servicios Comunes Procesales.

Una organización tecnológicamente avanzada

La puesta en marcha de la Oficina Judicial ha implicado la adaptación de numerosos espacios y edificios a las necesidades del nuevo modelo organizativo, requiriendo, en algunos casos, la construcción de nuevas sedes judiciales. Estos trabajos han incluido la implantación generalizada de las tecnologías de la información en la Oficina Judicial, y la interoperabilidad entre administraciones.

Un hito tecnológico ha sido el despliegue, el pasado 4 de mayo, de la nueva aplicación de gestión procesal Minerva-NOJ que soporta la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales. El despliegue de ésta y otras herramientas tecnológicas supone el primer paso hacia el expediente electrónico y hacia una Administración de Justicia más ágil y accesible al ciudadano, además de comprometida con el medio ambiente.