La diputada regional, Teresa Rosique, ha exigido explicaciones al Gobierno regional por haberse negado a adherirse a la Plataforma Social para el fomento de la Rehabilitación de Viviendas.

El pasado siete de julio nació esta Plataforma, en la que están el Gobierno Central, comunidades autónomas, FEMP, sindicatos, asociaciones patronales, colegios profesionales, entidades financieras, CERMI y los representantes de los consumidores y usuarios, entre otros. El compromiso adquirido por todas las partes integrantes es facilitar y fomentar la rehabilitación de viviendas.

Objetivos

El objeto de la Plataforma es, asimismo, compartir la responsabilidad para facilitar y fomentar las obras de rehabilitación del parque residencial existente, ahorrando energía, mejorando su accesibilidad y potenciando el mantenimiento, la generación y la formación del empleo en esta específica actividad, con el compromiso de todos los sectores y administraciones implicados en la rehabilitación, la accesibilidad y eficiencia energética de edificios y viviendas ya construidos.

Se trata de poner a disposición de los agentes económicos y sociales instrumentos de gestión ágiles y eficaces, que faciliten a los ciudadanos el proceso de gestión y tramitación de las obras y la obtención de las ayudas públicas.

Rosique señaló que es incomprensible que ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP se haya adherido a esta plataforma tan representativa. "Valcárcel y su gobierno, que han incumplido todos los objetivos en materia de rehabilitación integral del primer año del plan estatal de vivienda y rehabilitación 2009-2012, ha vuelto a actuar al dictado de Génova y ha preferido quedarse al margen".

La diputada criticó que el Gobierno regional vuelve a poner por delante el interés partidista aunque esto perjudique a las empresas y a los trabajadores del sector de la construcción y a los ciudadanos en general.

Compromisos

Entre los compromisos recogidos en la misma destacan:

•Abonar las subvenciones establecidas en los programas de rehabilitación en el plazo máximo de dos meses desde la terminación de las obras.

•La creación de registros voluntarios de empresas homologadas para la realización de obras de rehabilitación.

•Promover la concesión de las licencias de obra menor en el plazo de un mes y se agilizará la concesión de las licencias mediante el uso de medios telemáticos.

•La creación de un portal web específico que contenga la información de las ayudas públicas en cada comunidad autónoma, agentes, empresas homologadas y entidades que se vayan sumando a la Plataforma; los compromisos adquiridos, la situación de las oficinas Técnicas de Rehabilitación y la información que los fabricantes de materiales puedan facilitar para la realización de las obras y la formación de los agentes, técnicos y empresas que colaboran en los procesos de rehabilitación. También, la relación de las entidades financieras adheridas y los productos financieros que ofrezcan.

•Ampliar la formación de trabajadores, agentes, técnicos y empresas en las nuevas tecnologías que hacen posible la rehabilitación de edificios y viviendas así como fomentar la cualificación de los desempleados del sector de la construcción.

•Creación de Oficinas Técnicas de Rehabilitación en los Colegios Oficiales de Arquitectos, de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y en aquellas zonas y barrios donde los Colegios y los Ayuntamientos las consideren necesarias para mejorar el estado de las edificaciones y la calidad de vida de sus habitantes

Para la diputada, el Gobierno regional, al no adherirse a esta plataforma, vuelve a demostrar, una vez más, su falta de compromiso con la rehabilitación integral y, sobre todo, con aquellas actuaciones que faciliten la gestión de las empresas y la formación de los trabajadores en materia de rehabilitación.

Recordó que el grado de cumplimiento del Ejecutivo de Valcárcel con los objetivos marcados para 2009, en rehabilitación integral ha sido cero. Esto es aún más inaceptable cuando a nivel nacional la media de cumplimiento fue del 153,76%. Para 2009, el Plan fijaba 100 objetivos para las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS), 20 para las Áreas de Rehabilitación Urbana (ARUS) y 10 para la erradicación del chabolismo. La Consejería no ha sido capaz de presentar ni un solo proyecto.

Las consecuencias de esta falta de gestión suponen la pérdida de cuantiosas ayudas estatales y de numerosos puestos de trabajo en la Comunidad. Por tanto, "a los numerosos ciudadanos que se les priva de estas ayudas hay que sumar las empresas y los centenares de trabajadores que podrían haber conseguido un empleo".

La diputada considera "irresponsable" que el Gobierno regional no haya presentado ningún proyecto en esta materia cuando las subvenciones en rehabilitación integral ascienden al 20 ó 25% del presupuesto de obra, o bien, a 30.00 euros por vivienda. Si a esto añadimos que por cada millón de euros que se invierte en rehabilitación integral se crean 56,5 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, resulta aún más incomprensible la actuación del Gobierno de Valcárcel, afirmó.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide explicaciones al Gobierno regional en la Asamblea Regional. Asimismo,

la diputada va a presentar una moción pidiendo que la Comunidad autónoma se adhiera a dicha Plataforma.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

La Plataforma Social para el fomento de la Rehabilitación esta integrada por, además del Ministerio de Vivienda, por los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio (IDAE) y de Sanidad y Política Social (CEAPAT), Comunidades y Ciudades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, las patronales CEOE y CEPYME, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), los Colegios Oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, la Confederación Nacional de la Construcción, las Federaciones de MCA-UGT y FECOMA-CCOO, la Fundación Laboral de la Construcción, la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción, el ICO, la Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, los Colegios de Administradores de Fincas, los Colegios de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, el CERMI y el Consejo de la Juventud.