El Consejo de Gobierno ha acordado en su sesión de hoy, 7 de mayo, un nuevo Plan de Austeridad para el control de gasto, centrado en las políticas de personal, que será de aplicación al conjunto de la Administración pública regional y que afectará tanto a la política de empleo público, como a la estructura y productividad administrativa.

Las medidas contenidas en este Acuerdo, que en lo que afecten a las condiciones de trabajo de los empleados públicos serán negociadas con las organizaciones sindicales, se aplicarán al capítulo I del Presupuesto General de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de optimizar los recursos actuales, lo que implicará contener la estructura administrativa de la Comunidad, salvo en los casos estrictamente necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

El Acuerdo recoge que los incrementos retributivos no podrán superar los contemplados en el Presupuesto de la Comunidad, así como la contención de la Oferta Pública de Empleo, excepto en sectores públicos esenciales como la educación, la sanidad, los servicios de empleo, los servicios sociales y las emergencias.

Asimismo, fija como objetivo reducir del seis al cuatro por ciento las vacantes, la compensación de las horas extraordinarias con descansos adicionales, y la limitación de contrataciones temporales y del nombramiento de funcionarios interinos a sectores como la protección de la salud, las emergencias, la atención a familia y menores, la dependencia, la atención a las víctimas de violencia de género, la seguridad laboral, la gestión tributaria, la orientación laboral y la atención al público.

También queda recogida en el Acuerdo una nueva regulación del procedimiento para la prolongación voluntaria del servicio activo, que estará condicionada a la capacidad funcional y a las necesidades de organización, que se plasmará en el oportuno Plan General de Jubilación para los empleados públicos de la Administración regional.

El Plan de Austeridad acordado hoy en Consejo de Gobierno incluye, asimismo, el estudio de las cargas de trabajo, con el objeto de redimensionar algunos centros directivos, mediante la puesta en marcha de políticas de redistribución de efectivos; limitaciones para la creación o modificación de puestos de trabajo; la reducción de los gastos de funcionamiento de los inmuebles administrativos, del material de oficina y suministros; el fomento de conductas productivas, mediante la concentración de las horas laborales y las jornadas vespertinas, que permitirán, además, mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, así como el control del absentismo laboral.

Prevé, asimismo, la contención del gasto en entidades públicas empresariales, fundaciones y sociedades mercantiles de la Administración regional y la limitación de los contratos de consultoría y asistencia técnica.

Este Plan queda vinculado al Plan de Simplificación Administrativa, que se puso en marcha en 2009 con el fin de reducir las cargas burocráticas y fomentar la plena implantación de la Administración Electrónica, lo que permitirá optimizar los recursos humanos de cada una de las unidades de la Administración regional.

Administración más austera de España

Con este Acuerdo se amplían los efectos de la política de austeridad, contención y rigor del gasto que el Gobierno regional está aplicando desde 2008. En septiembre de ese año, el presidente Ramón Luis Valcárcel acometió una remodelación de Gobierno que supuso pasar de 12 a nueve consejerías y una reducción de aproximadamente el 20 por ciento de altos cargos de la Administración regional. Esta decisión convirtió al Ejecutivo regional en el gobierno autonómico con menos consejerías de toda España, a lo que se suma la congelación salarial, desde enero de 2008, de los altos cargos del Gobierno.

Además, junto al resto de planes anticrisis aprobados desde marzo de 2008, el Gobierno de Murcia aprobó el pasado 24 de octubre de 2009 un Plan de Austeridad que ya se materializó en el Presupuesto del 2009, en el que se redujeron los gastos corrientes con el fin de liberar recursos económicos que se destinaron a políticas sociales e inversiones productivas. Sólo con estas medidas se ahorraron 82 millones de euros.

Las políticas de austeridad impulsadas por el Gobierno regional, en las que se enmarca el Acuerdo de hoy, también han tenido su reflejo en el Presupuesto General de la Comunidad Autónoma para 2010, que se ha reducido en su conjunto un 1,35 por ciento con respecto a 2009; una reducción que es especialmente significativa en el capítulo de gasto corriente, que se rebajó un 8,2 por ciento sobre el año anterior.

El objetivo de todas estas acciones, adoptadas ante la situación de crisis en la que nos encontramos, es mantenernos como la Administración autonómica más eficiente y austera de España.