A 1 de abril de 2010 más de 44.000 solicitudes están sobre la mesa, mientras 4.000 murcianos dependientes fallecieron esperando la ayuda

Desde la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia-Ley 39/2006 de 14 de diciembre-, el Gobierno Regional ha demostrado sobradamente su escaso o nulo interés en su correcta implantación. Esta ha sido la razón por la que los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO de la Región de Murcia y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Murcia (CAVEMUR), decidieron crear, el pasado 17 de abril, la “Plataforma por la Ley de Dependencia de la Región de Murcia”. Un nuevo organismo que nace con la vocación de dar respuesta y apoyo a las demandas de miles y miles de dependientes murcianos, que continúan sin ver cumplidos sus derechos. Así lo han presentado en rueda de prensa esta misma mañana la Secretaria de Políticas de Protección Social y la Dependencia de UGT Región de Murcia, Mª Eugenia Pérez Parra, la Secretaria de Política Social, Juventud y Cultura de CCOO de la Región de Murcia, María Dolores Flores Rubio, y el Presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Murcia (CAVEMUR), Leandro Sánchez Martínez.

“La Región suspende en todos los estudios estatales sobre Dependencia”, comenzó Pérez Parra, “más de tres años hace que se aprobó la Ley y nuestra Comunidad Autónoma continúa sin contar con un desarrollo normativo de fondo, por lo que su implantación es casi nula”. Concretamente, y hasta el momento, sólo se han publicado en el ámbito regional la Orden de 18 de abril de 2007 para la constitución de la Comisión de Participación Territorial para el Desarrollo e Implantación del Sistema Murciano de Atención a la Dependecia y la Orden de 9 de abril de 2007 para la creación de la Oficina Regional de Información y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad; que tal y como apuntó la Secretaria de Políticas de Protección Social y la Dependencia de UGT Murcia, “no presta, en ningún caso, un buen servicio a los ciudadanos quienes se encuentran con el teléfono continuamente comunicando o directamente se deja que suene sin atenderlo”.

Eso sí, en la actualidad existen tres borradores de proyectos de Decretos elaborados exclusivamente por la Consejería de Política Social de la Región, excluyendo a UGT y CCOO en la participación de decisiones de vital importancia para la sociedad murciana, cuando sin embargo habían presentado un buen número de propuestas. Así, uno de los decretos es sobre el copago, otro sobre la intensidad de la protección, compatibilidad y cuantía de las prestaciones y el tercero, sobre el procedimiento de reconocimiento de la dependencia y el derecho a los servicios y prestaciones económicas. “Decretos que, por otro lado”, apuntó Pérez Parra, “no sabemos cuando pasarán por el Consejo de Gobierno y, mucho menos, cuando verán la luz”, añadiendo que con el tercer decreto el Ejecutivo Regional vuelve a dar la espalda a la ley “ya que ésta contempla que las prestaciones se darán con una serie de requisitos y en la Región nos encontramos que, a 1 de abril de 2010, reciben prestación económica por cuidados familiares un total de 14.176 personas, de las 26.103 que tienen derecho a prestación; es decir, que un 84% son prestaciones económicas”.

Este punto resulta de vital importancia porque en lugar de estimular nuevos servicios sociales y generar puestos de trabajos directos en materia de Dependencia, lo que se está haciendo es convertir las prestaciones en ayudas genéricas por lo que el ahorro está garantizado: la prestación es mucho más barata que emprender acciones de inversión en esta materia. De ahí que, tal y como señaló Pérez Parra, “esta ayuda está creando que en miles de hogares se tome como una ayuda económica de 519 euros para el seno familiar en estos momentos de crisis y no como una prestación de cuidados familiares, con lo que conlleva a formas de empleo sumergido”.

Por último, Pérez Parra también apuntó que la ley establece un periodo máximo de seis meses para recibir las prestaciones y en la actualidad hay mucho ciudadanos esperando más de dos años, “e incluso dando lugar a que hayan fallecido los beneficiarios sin haberlas recibido, tal y como ha ocurrido en la Región con más de 4.000 personas”.

Por su parte, la Secretaria de Política Social, Juventud y Cultura de CCOO de la Región de Murcia, María Dolores Flores Rubio, recordó que la Ley de Dependencia nació como fruto del Acuerdo de Diálogo Social previo que en diciembre de 2005 alcanzaron el Gobierno y los interlocutores sociales, “y que vaticinaba la creación de 300.000 empleos directos, lo que en la Región se traduciría en unos 7.000”; apuntando además esa “economía sumergida que se va potenciando por la incorrecta dotación de las prestaciones, siendo todas económicas y cedidas directamente a las familias en forma de ayuda económica, desaprovechando la oportunidad de generar empleo en un nuevo yacimiento como éste”. Flores Rubio destacó además que “la Región de Murcia ha recibido de la Administración General del Estado más de 99 millones de euros para la aplicación de la Ley de Dependencia, cuando no existe conocimiento de la gestión realizada de esta cuantía”.

De ahí la necesidad de crear esta plataforma, que pretende dar participación a todas las asociaciones y colectivos de personas en situación de depdendencia, asociaciones de profesionales, agentes sociales, asociaciones de vecinos, familiares, cuidadores o personas solidarizadas con esta causa en aras de reivindicar públicamente el cumplimiento de la Ley en todos sus términos. El encargado de enumerar el decálogo de acciones de la nueva plataforma fue el Presidente de la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Murcia (CAVEMUR), y es el siguiente:

1.- Reivindicar públicamente la aplicación de la Ley en todos sus términos.

2.- Vigilar su correcta implantación en la Región de Murcia.

3.- Exigir el urgente desarrollo normativo regional.

4.- Rechazar cualquier intento de retraso del calendario establecido en la Ley.

5.- Requerir de las Administraciones Públicas, en su corresponsabilidad, una financiación adecuada y suficiente que garantice los recursos y servicios sociales necesarios.

6.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los plazos legales en las valoraciones, prescripciones y en la regulación de las prestaciones y compatibilidades.

7.- Informar sobre la cobertura, los servicios y las prestaciones que ofrece la Ley a las personas dependientes, sus familiares y cuidadores, en su caso.

8.- Dar soporte a las asociaciones y personas dependientes, familiares y cuidadores, en las gestiones y reivindicaciones vinculadas con la eficaz aplicación de la Ley.

9.- Trabajar conjuntamente con todos los colectivos ciudadanos que existan en la Región de Murcia en defensa de la Ley.

10.- Realizar actos informativos, jornadas, simposios y movilizaciones ciudadanas en caso de incumplimiento de lo establecido en la Ley.