El desempeño de estas labores está orientado al cumplimiento de penas de trabajo de personas que tengan una deuda con la sociedad
La Comunidad Autónoma y el Ministerio del Interior han suscrito un convenio de colaboración para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio comunitario, por el que, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, las consejerías de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y de Política Social, Mujer e Inmigración ofrecerán la posibilidad de desarrollar trabajos sociales no remunerados para la sustitución de penas a personas que tengan una deuda con la sociedad, según lo establecido en la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.
El secretario general de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Bernabé, indicó que “esta iniciativa, con un importante contenido social positivo, permitirá a la Comunidad Autónoma colaborar en la reeducación y reinserción de estas personas a través del desempeño de labores sustitutorias de las penas que se les hayan impuesto para contribuir a mejorar su desarrollo personal y facilitar así su integración en la sociedad”.
Estos trabajos consistirán en la realización de actividades de utilidad pública, entre ellas, tareas de apoyo administrativo, gestión de archivos y almacenes, ayuda a discapacitados y personas mayores en sistemas de transporte público y realización de trabajos en carreteras. La jornada de trabajo podrá variar desde cuatro a ocho horas con horario de mañana, tarde, entre semana o en fines de semana.
De este modo, las consejerías de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y de Política Social, Mujer e Inmigración serán las encargadas de facilitar las plazas de trabajo y de impartir los conocimientos y material necesarios para que la actividad desempeñada por los penados se realice de forma adecuada.
Por otro lado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias será la responsable de gestionar, coordinar y llevar el seguimiento de los trabajos a realizar. Además, será la administración responsable de entrevistar a las personas para conocer sus características personales y profesionales, sus capacitaciones laborales y su entorno social, personal y familiar, con el fin de determinar la actividad más adecuada a su perfil.
José María Bernabé explicó que “estas medidas alternativas para el cumplimiento de una deuda con la sociedad son apoyadas desde el Ejecutivo regional como elemento de carácter formador que permite edificar en valores como la responsabilidad, la solidaridad y el bien común, con el objetivo final de conseguir la reeducación y la reinserción social”.