La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, denunció hoy que el aval de 200 millones de euros que el Gobierno regional concedió a la empresa adjudicataria de la construcción y explotación del futuro Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, “deja a la Comunidad autónoma en una situación comprometida para avalar a las pequeñas y medianas empresas murcianas”.
Hay que recordar que el Grupo Parlamentario del PP, a través de una enmienda a los Presupuestos de 2010, ‘coló’ un aval de hasta 200 millones de euros para la empresa concesionaria de la construcción y explotación del aeropuerto. La empresa había manifestado anteriormente que no iba a necesitar ninguna ayuda del Gobierno regional, “por lo que el aval de hasta 200 millones deja en una situación comprometida al resto de los que pueda prestar la Administración de la Comunidad Autónoma.
García Retegui indica que la Ley de Presupuestos establece como límite para toda la Comunidad Autónoma, incluidos organismos y entes públicos, un máximo de 300 millones de euros. De esos 300 millones, 100 están destinados a que pueda avalar el Instituto de Fomento (Info) y, de ellos, 25 millones teóricamente estaban comprometidos ya con el proyecto de la Fórmula 1.
Incumplimiento de la Ley presupuestaria
Los 200 millones restantes que tenía la Administración y sus organismos autónomos, si se ha concedido un aval de 200 millones a la empresa concesionaria de la construcción del aeropuerto, significa que hay cero euros en este momento para ayudar o avalar al resto de pequeñas y medianas empresas regionales.
Esta situación provocaría un incumplimiento de la propia Ley de Presupuestos, ya que los entes públicos y organismos autónomos tienen reservada la capacidad de avalar hasta 25 millones de euros. Pero la suma de los 200 del aeropuerto y los 100 asignados al Info no dejarían ningún euro a la Administración regional y sus organismos y entidades autónomos. Tan sólo quedaría el Instituto de Fomento “con una capacidad ya muy limitada para prestar avales en un momento en que las empresas pequeñas y medianas de la Región siguen necesitando liquidez y avales de las Administraciones públicas”.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la comparecencia de la consejera de Hacienda, ya que tiene la obligación legal de dar cuentas a los diputados miembros de la Comisión de Economía y Hacienda de la Asamblea Regional de todos los avales que se presten.
Esta comparecencia se justifica, además, porque el aval tenía que concederse antes del 31 de enero “y a estas alturas no se ha hecho público por el Gobierno regional en qué Consejo de Gobierno se aprobó, con qué informes jurídicos cuentan, ni en qué situación se ha concedido el mencionado aval”, finalizó la parlamentaria socialista.
